Por Shanik David
Cinco de los siete integrantes del consejo general del Organismo Público Local Electoral recurrieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para apelar un acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el cual se declararon infundados los procesos de remoción que se abrieron en su contra.
El recurso quedó registrado en la Sala Superior con el número de expediente SUP-RAP-104/2017, y se va en contra del acuerdo del Consejo General INE/CG24/2017, en el cual se desecharon las denuncias interpuestas por Ana Teresa Aranda Orozco y los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento de Regeneración Nacional en contra de la actuación de los consejeros poblanos.
Al respecto, Federico González Magaña, quien es uno de los que impugna el acuerdo, refirió que lo que se busca es que por medio del TEPJF se clarifiquen por lo menos dos de los puntos que se contienen en el acuerdo aprobado por el INE, pues contiene imprecisiones.
Mencionó, por ejemplo, que en el documento avalado por los integrantes del Consejo del INE se señalan anomalías en cuanto a los plazos para el registro de Ana Teresa Aranda Orozco, lo cual se debió a que se abrió un plazo de 48 horas para que la entonces aspirante a candidata independiente para que manifestara lo que considerara necesario, lo cual si bien no se encuentra en la Ley fue considerado en su momento como una acción correcta por el TEPJF.
En concreto, la parte del acuerdo aludida por el consejero estatal dice de manera textual: “si bien en el caso objeto del presente de análisis no se cuenta con elementos para acreditar los supuestos de remoción materia de las denuncias, no pasa inadvertido para esta autoridad electoral que al dictar el acuerdo CG/AC/43/16, el Consejo General de lEEP pudo poner en riesgo los principios de equidad y certeza rectores de la materia electoral, al no resolver en el plazo establecido en la Ley, respecto de la solicitud de registro como candidata independiente al gobierno del estado de Puebla de Ana Teresa Aranda Orozco, sino hasta después de iniciadas las campañas electorales”.
Además señaló que también se busca que se aclare la parte del acuerdo que refiere una supuesta irregularidad en el proceso de entrega de prerrogativas al Partido de la Revolución Democrática, pues recordó que fue a raíz de una sentencia del propio Tribunal Electoral que el partido se quedó sin plataforma inscrita y, en consecuencia, sin recursos, pero que esto se resolvió antes de que iniciara el proceso electoral.
La parte impugnada indica que “no pasa inadvertido para esta autoridad electoral que al dictar el acuerdo CG/AC/031/16, el Consejo General de lEEP pudo poner en riesgo el principio de equidad rector de la materia electoral, al no ministrar al Partido de la Revolución Democrática el financiamiento para la obtención del voto, sin que existiera una disposición expresa que le facultara para ello”.
González Magaña insistió que en su momento se corrigieron estas situaciones, incluso con el aval del TEPJF, por lo que se busca que ahora sea el propio Tribunal el que le requiera de manera formal al INE que corrija el acuerdo para que quede de manera puntual asentada la actuación de los consejeros pues “estamos convencidos que actuamos con apego a la norma pero esas apreciaciones no las comparto en particular y por eso apelamos”.
