Por Shanik David
El estado de Puebla se encuentra entre los seis estados peor evaluados en cuanto a los mecanismos con los que cuentan los sujetos obligados para cumplir con las disposiciones del sistema de Gobierno Abierto, reportó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Esto se desprende del reporte de la Métrica de Gobierno Abierto elaborado por el INAI en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), en el cual se mide las políticas y acciones emprendidas por los diferentes sujetos obligados de las entidades para cumplir con el esquema de Gobierno Abierto.
Para esto, de entrada se explica que “un gobierno, para ser abierto, requiere que la información que transparenta sea realmente útil para el ciudadano, y que los mecanismos de participación permitan efectivamente involucrarse en las decisiones de sus gobiernos”.
Con base en esto se definieron diferentes variables y subíndices para llegar a un indicador que diera una perspectiva de la situación de los organismos obligados a rendir cuentas en cada estado y la federación, el cual se mide en una escala del 0 al 1.
En el caso de Puebla, se evaluó una muestra de 27 sujetos obligados -entre dependencias de gobierno, organismos autónomos, universidades, partidos políticos, ayuntamientos y poderes legislativo y judicial-, los cuales obtuvieron un promedio de 0.34.
Con esto, Puebla empata en el cuarto lugar de peores evaluados con Tamaulipas, y queda por encima de Nayarit y Oaxaca -que alcanzaron 0.33 cada uno, Tlaxcala con 0.27 y Querétaro con 0.27.
Destaca además que los indicadores peores evaluados a nivel interno en Puebla son los referentes a la Dimensión de Participación, es decir, los mecanismos existentes dentro de cada sujeto obligado para garantizar que los ciudadanos tengan un papel activo o puedan acceder a la información.
En lo relacionado en el Subíndice de Participación desde el Gobierno, que abarca los mecanismos y funcionamiento de estos para facilitar el acceso a los ciudadanos, se obtuvo un puntaje de 0.27, mientras que en el Subíndice de Participación desde el Ciudadano, que considera la velocidad, facilidad métodos y mecanismos de recepción, se alcanzó 0.28.
En cambio en los mecanismos directos de transparencia, es decir los portales de internet y la accesibilidad a estos se tuvieron puntajes de entre 0.34 y 0.37.
Sobre los sujetos obligados en concreto que fueron evaluados, destaca que si bien se consideraron dos fideicomisos -el del Paseo de San Francisco y el del Fondo de Seguridad Pública-, y los sindicatos de Cinema Secc. 28 Stic y el Único de Trabajadores de Auto Transporte, no se pudo obtener información alguna, pues no cuentan siquiera con portales; sin embargo esto se justifica en el propio reporte al señalarse que estos forman parte de los nuevos sujetos obligados que se contemplan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que entró en vigor el año pasado.
Del resto, el que tuvo el mejor cumplimiento fue el ayuntamiento de Puebla el que tuvo el mejor desempeño con una calificación de 0.7884, seguido por el Sistema Estatal DIF con 0.7050 y el Instituto Estatal Electoral con 0.7048.
Del lado contrario, los peores evaluados fueron el Partido Revolucionario Institucional que a duras penas obtuvo 0.0330 puntos, Encuentro Social con 0.050 y el Tribunal Superior de Justicia con 0.1132.
Sin embargo las dependencias de gobierno no se quedan atrás, pues por ejemplo la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial -registrada sólo como Secretaría de Agricultura- reportó 0.1940 puntos y la Oficina del Gobernador 0.2422, siendo las dos más bajas de las evaluadas.
