Por Shanik David
Aunque la noche de este jueves el Instituto Estatal Electoral había citado a sesión especial para dar cumplimiento a la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en relación a la reasignación de prerrogativas a los partidos políticos, ésta fue enviada a receso pues no hay claridad en los criterios.
El consejero presidente Jacinto Herrera Serrallonga dio a conocer desde el pleno que se solicitó al TEEP una aclaración de sentencia, pues los elementos que contiene la notificación que se recibió sobre el resolutivo del expediente TEEP-A-001/2017 y sus acumulados presenta contradicciones y ambigüedades.
Esto pues mientras que el TEEP confirmó el acuerdo 79-2016 del Organismo Público Local Electoral donde se asigna una bolsa de 195 millones 295 mil 706 pesos para los partidos políticos, los magistrados hicieron una distribución de recursos que sólo suman 154 millones 844 mil 107 pesos, es decir quedan pendientes por asignar 40.4 millones de pesos.
Por esta razón se pidió al organismo jurisdiccional que aclarará los términos de la sentencia para que el OPLE tenga mayor certeza para asignar los recursos.
En entrevista posterior a la sesión, Herrera Serrallonga recordó que la bolsa de recursos a distribuir entre los partidos políticos se define con base a una formula establecida en las leyes electorales, para lo cual se toma en cuenta el padrón electoral con corte a julio del año anterior que se multiplica por el 65 por ciento de la unidad de medida y actualización, lo cual dio el monto de 195.2 millones de pesos.
Fue al momento que los magistrados hicieron la distribución de recurso para cada uno de los partidos que se encontró la discrepancia, pues además se usaron criterios que podrían no ser aplicables para Puebla, según dio a entender Herrera Serrallonga.
Esto pues recordó que para la asignación a cada partido se tomó en cuenta un resolutivo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la cual se confirmó el resultado de la elección a gobernador -es decir, se dieron por válidos los porcentajes de votación obtenidos por cada instituto político-, pero por su parte del TEEP tomó en cuenta un criterio aplicado por la instancia federal a un caso de Tamaulipas.
Pese a esta situación y el retraso que se derivó por esta sentencia del tribunal local, el consejero presidente evitó hacer críticas sobre su actuación.
Quien sí tomó una posición severa en contra de los magistrados fue el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el consejo general del OPLE, Silvino Espinosa Herrera, quien calificó que este problema se debió a que los magistrados se excedieron en sus facultades y que ni siquiera saben contar.
Ante esto, adelantó que no sólo presentarán una impugnación ante el TEPJF sobre la resolución que emitió la semana pasada el tribunal local, sino que se tomarán acciones directas en contra de los magistrados desde denuncias penales hasta administrativas debido a que se excedieron de sus facultades.
“No dicen ni cómo llegan a la cantidad [de 154.8 millones] ni qué se le van a hacer a esos 40 millones, actuaron de manera inconstitucional” acusó el priísta al lamentar que los magistrados hayan aplicado su facultad de “plenitud de jurisdicción” en un caso en el que no era válido.
