Por Shanik David
Después de seis controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifestaciones en donde se exige que no se privatice el servicio del agua potable y el manejo político que se le ha dado al tema en las últimas semanas, ingresó al Congreso del Estado una iniciativa para clarificar la disposición del artículo 12 y evitar mal interpretaciones.
Fue el diputado Julián Peña Hidalgo quien propuso la nueva reforma constitucional para modificar el citado artículo de manera que este quede exactamente igual a lo que se indica en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar la certeza a los ciudadanos que no se busca privatizar el servicio.
Peña Hidalgo señaló que la reforma que se aprobó el pasado 6 de enero sólo incluyó al artículo 12: “establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.
Esta redacción, señaló, generó ciertas suspicacias debido a que se dejó sólo la palabra Estado, pero no en referencia al gobierno estatal, sino a la figura jurídica que ésta representa, por lo que lo ideal sería modificar la última parte del artículo para quedar de manera similar a la disposición federal que dice: “El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”,
“Por la manera en que está planteada, al forma en la que está redactada se ha prestado a múltiples interpretaciones y una de ellas es que el agua en Puebla se va a privatizar y otra es que se le quita el ayuntamiento la posibilidad de que puedan seguir como ahora con la rectoría de los servicios del agua potable, sí me parece que con la redacción actual podría prestarse a ambigüedades”, insistió el diputado independiente
Y aunque reconoció que él sabe que esta modificación no tiene un fin privatizador, destacó la importancia de que se haga esta modificación para evitar mayores manejos políticos.
Es más, afirmó que si en verdad no hay alguna intención de concesionar el servicio o ponerlo en manos de particulares, no hay razón alguna para no hacer esta modificación, por lo que pidió dejar de lado la terquedad o los egos políticos para sacar adelante dicha clarificación.
Sin embargo, aunque pidió que la iniciativa, dada su importancia, se le diera el carácter de urgente para que se votara en el momento mismo que fue presentada, ninguno de los diputados apoyó la propuesta de Peña Hidalgo la cual fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
