Por Shanik David
Luego de que el pasado 25 de enero representantes de diferentes medios de comunicación de Puebla entregaron oficios a Artículo 19 y la Casa del Periodista en los cuales se denunciaba de manera pública la persecución sufrida durante la administración de Rafael Moreno Valle y el riesgo latente de que se abrieran demandas por medio de terceros en contra de al menos 10 periodistas, el tema se presentará en la Cámara de Diputados este martes.
Por medio de un punto de acuerdo firmado por el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien no sólo retoma algunos de los datos que se dieron a conocer durante el evento en el cual se hizo entrega del oficio a las organizaciones antes mencionadas, sino que hace mención de que en 2013 el propio Moreno Valle firmó un acuerdo por medio del cual se comprometió a la protección de los periodistas y de los defensores de derechos humanos de la entidad.
Por ejemplo, se indica que de 2014 a 2015 se duplicaron las agresiones contra periodistas en el estado, al pasar de 16 a 38, de acuerdo con informes de Artículo 19.
“Durante el período de gobierno de Rafael Moreno Valle se han denunciado públicamente las faltas que a este respecto fueron cometidas por distintos niveles de gobierno y el uso impropio de los recursos que para publicidad le fueron asignados, con el objeto de guiar la opinión periodística y disminuir a los medios de comunicación cuya información le fuera desfavorable”, puntualiza el legislador en el documento publicado en el portal de la gaceta parlamentaria con fecha del 7 de febrero de 2017.
Más allá de la denuncia de la persecución de comunicadores, vale la pena rescatar la mención que hace el diputado de Morena sobre el acuerdo que firmó Moreno Valle el 13 de junio de 2013 con la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas donde se comprometió a investigar y sancionar las agresiones contra estas personas así como promover reformas legislativas para mejorar las condiciones de defensores y comunicadores.
Otro punto incluido en el acuerdo que firmó el ahora exmandatario incluye la promoción “del reconocimiento público y social de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Con estos argumentos, Hernández de la Piedra solicita en primer lugar que en Congreso de la Unión tome una posición sobre el tema y exprese su rechazo a “toda práctica por medio de la cual cualquier autoridad trate de socavar la libertad de expresión”:
Además se le pide al gobierno del estado y al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se presente un informe en el cual detalle las acciones tomadas para prevenir las agresiones a periodistas de junio de 2013 a la fecha.
Por último se requiere al ejecutivo estatal que “respete y haga valer los derechos a la libertad de expresión de los periodistas y medios de comunicación, así como el derecho al acceso a la información de la ciudadanía, y a no coercionar en modo alguno a la prensa”.
