Por Shanik David
A lo largo del sexenio de Rafael Moreno Valle ingresaron al Congreso de la Unión al menos 169 puntos de acuerdo por medio de los cuales se exigía que el gobierno de Puebla rindiera cuentas sobre las obras y ejercicio de recursos públicos, las violaciones a los derechos humanos, afectaciones al ambiente y hasta conflictos electorales.
Sin embargo, la mayoría de las proposiciones hechas por los legisladores federales se quedaron en la congeladora y de las que sí llegaron a ser dictaminadas la mitad fue desechada.
Destaca además que uno de cada cinco oficios que se presentaron fueron solicitudes para auditar obras como la Estrella de Puebla, el Museo Internacional del Barroco, la Ciclovía del Bulevar Hermanos Serdán, la intervención de Flor del Bosque, el proyecto en la zona arqueológica de Cholula y hasta el fideicomiso que tiene el gobierno del estado con la empresa Evercore por medio del cual se pagan los Proyectos para la Prestación de Servicios.
Para la revisión de los puntos de acuerdo relacionados con la administración de Moreno Valle se tomaron en consideración aquellos que tuvieran relación directa con el gobierno local -es decir, los documentos dirigidos a dependencias del gobierno federal sobre casos en el estado no fueron contemplados en el listado-, además de que se dejaron fuera documentos presentados en febrero de 2011, pues éstos todavía estaban relacionados con actos de la administración de Mario Marín Torres.
Autorizan pocas auditorías
Aunque fueron cerca de 30 peticiones para que se revisara el ejercicio de los recursos públicos y la ejecución de obras, sólo cinco de las propuestas fueron aprobadas, mientras que otras seis fueron desechadas, y el resto se quedaron en la congeladora.
Una de las peticiones que se aprobó fue la solicitud para suspender en 2011 la construcción del Viaducto de la Calzada Zaragoza, el cual tendría afectación en la zona histórica de los Fuertes, y aunque el Senado hizo este exhorto al gobierno de Moreno Valle los trabajos continuaron.
Además en agosto de 2015 se avaló exhortar a la Auditoría Superior de la Federación que presentara un informe de las observaciones hechas al gobierno de Puebla en las revisiones de las cuentas públicas 2012 y 2013 y que no hubieran sido solventadas.
Los llamados no sólo iban dirigidos a las instancias fiscalizadoras nacionales, sino que también se aprobó solicitar al Congreso hacer revisiones de la actuación gubernamental, pues en junio de 2015 se exhortó al legislativo poblano que hiciera una auditoría del programa de entrega de mototractores “por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los recursos”, revisión que, si se realizó, no fue difundida por los diputados locales.
Después, para agosto de 2016, se pidió a los diputados locales “llevar a cabo una investigación detallada del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del gobierno estatal, con base en el principio de máxima publicidad”.
De todas las obras que se ejecutaron durante el sexenio, los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sólo aprobaron la revisión de una, pues en agosto del año pasado se exhortó a la administración estatal entregar un informe de la “ejecución de los recursos, licitaciones realizadas, cronograma y avance de la obra, evaluación de impacto ambiental y autorizaciones ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para la construcción del proyecto “’Protección, conservación y restauración de la zona típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula’”.
Violaciones a derechos humanos
Las violaciones a los derechos humanos representan la segunda temática con más propuestas en el pleno legislativo, pues en total se registraron 25 denuncias políticas -esto sin contar los siete documentos relacionados únicamente con el caso de Chalchihuapan-.
Los temas denunciados en este rubro van desde la persecución de periodistas, como el caso la demanda de Prosfer contra Alejandro Mondragón, el hostigamiento y encarcelamiento del presidente auxiliar de San Miguel Canoa -los cuales fueron desechados-, la existencia de presos políticos, la necesidad de preparación de los policías y la situación de los trabajadores del Hospital para el Niño Poblano, por mencionar algunos temas.
Destaca que de los 25 puntos de acuerdo relacionados con derechos humanos, seis fueron aprobados, entre los que se encuentran exhortos para investigar la persecución de activistas y por el caso concreto de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, que se presentara un reporte de las recomendaciones emitidas por la CNDH, una denuncia publica de la situación de hostigamiento en contra de la 28 de octubre, y dos en los que se exigía justicia ante el asesinato del activista indígena Antonio Esteban Cruz.
Además, de los siete puntos relacionados con el caso de la agresión que sufrieron pobladores de San Bernardino Chalchihuapan en el enfrentamiento con policías estatales, cuatro fueron dictaminados y aprobados en el pleno, con los cuales se solicitaba el cumplimiento de la recomendación por violación grave a los derechos humanos 2VG/2014 y que el gobierno rindiera un informe sobre las acciones tomadas para acatar las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la condena por parte de los legisladores federales por el uso desproporcionado de la fuerza en el operativo del 9 de julio de 2014.
Violencia de género
La solicitud de investigación de los feminicidios en el estado y de una alerta de género fue otra de las demandas que plantearon los diputados y senadores, sin embargo no todas las propuestas fueron avaladas.
De los 18 puntos de acuerdo presentados en el sexenio relacionados con violencia de género, seis fueron desechados, dos fueron aprobadas y el resto se quedaron en la congeladora.
Entre los temas que se plantearon estuvieron los homicidios de Olga Nayely Sosa Romero y Araceli Vázquez Barranco, así como la petición de diferentes legisladores para que se emitiera la alerta de género.
Los puntos que si fueron aprobados estaban relacionados con la exigencia de la investigación del caso de la violación de una menor de edad en Xochitlán de Vicente Suárez en abril de 2015, así como una propuesta hecha en mayo de 2013 por la entonces diputada Rocío García Olmedo en el cual se pedía al gobernador y al procurador de justicia “que se pronuncien y remitan a la brevedad un informe detallado, las medidas aplicadas y las de carácter preventivo respecto a la creciente cifra en delitos de feminicidio cometidos en el estado de Puebla; y se les exhorta a considerar, desarrollar y ejecutar la creación de un programa estatal de prevención y atención especializada en esta misma dirección”; es decir, desde el segundo año de gobierno el tema de los feminicidios ya era un problema que generaba preocupación.
Total de propuestas: 169
Aprobadas: 41
Desechadas: 30
Congeladora: 98
PROPUESTAS Y PUNTOS DE ACUERDO POR TEMA
Auditorías
Total: 30
Aprobados: 5
Desechados: 6
Congeladora: 19
Violaciones a derechos humanos
Total: 25
Aprobados: 6
Desechados: 3
Congeladora: 16
Violencia de género
Total: 18
Aprobados: 2
Desechados: 6
Congeladora: 10
Inseguridad
Total: 16
Aprobados: 4
Desechados: 4
Congeladora: 8
Proyectos de muerte / Medio ambiente
Total: 11
Aprobados: 5
Desechados: 3
Congeladora: 3
Elecciones
Total: 13
Congeladora: 13
Conflictos y privatización del agua
Total: 9
Aprobados: 4
Desechados: 4
Congeladora: 1
Acceso a salud
Total: 8
Aprobados: 2
Desechados: 2
Congeladora: 4
Chalchihuapan
Total: 7
Aprobados: 4
Congeladora: 3
Obras en Cholula
Total: 3
Aprobados: 1
Desechados: 2
Transporte:
Total: 3
Aprobado: 2
Congeladora: 1
Temas variados:
Total: 20
Aprobados: 5
Congeladora: 15
Conflicto Magisterial:
Total: 6
Aprobados: 1
Congeladora: 5
