Por Shanik David
Desde hace un año el robo de hidrocarburo y otros delitos vinculados con esta falta ya se consideran como delitos graves a nivel nacional y los responsables no pueden salir bajo fianza.
Esto lo afirmó Víctor Manuel Giorgana Jiménez, coordiandor de la fracción parlamentaria poblana del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro luego de que el gobernador Rafael Moreno Valle solicitó durante su informe de labores que se incrementen las penas por este delito.
De manera concreta, el 15 de enero pasado el titular del ejecutivo expresó que aunque entre 2015 y 2016 se aseguraron a 144 presuntos responsables de robo de combustible “lamentablemente por la forma en la que esta tipificado el delito, la judicatura federal no tiene más salida que ponerlos en libertad con el pago de una fianza o con la firma semanal”, por lo que solicitó a los legisladores federales la modificación del artículo 19 párrafo 2 de la Constitución para acabar con este escenario.
Sin embargo, Giorgana Jiménez refirió que es necesario que el ejecutivo estatal sea más claro sobre la petición hecha, pues recordó que en la actual legislatura ya se hicieron modificaciones para que los delitos relacionados con la sustracción ilegal de combustible sean considerados una falta grave y no se alcance fianza.
En la nueva disposición se establecen sanciones no sólo para quienes afectan los ductos, sino incluso para quienes lo venden, lo distribuyen y hasta quienes adquieran la gasolina de procedencia ilícita “tienen una pena por cumplir que es mucho mayor a la que anteriormente se tenía por ser un delito común”, puntualizó el legislador.
Por esta razón, dijo que si se mantiene el fenómeno de que los responsables salen bajo fianza esto entonces es responsabilidad del poder judicial el cual debe afinar sus mecanismos para procesar estos delitos y que se apliquen las sanciones correspondentes.
Estas disposiciones se encuentran en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la cual fue discutida en el Congreso de la Unión a lo largo de 2015 y que entró en vigor el 13 de enero del año pasado.
En esta nueva disposición legal se incluyen delitos como sustracción o aprovechamiento ilegal de hidrocarburos -con una pena corporal de entre 15 y 25 años-, compra, resguardo o alteración ilegal de hidrocarburo -con cárcel de dos a 15 años-, comercialización de hidrocarburos sin que tengan los marcadores que identifican su legalidad -castigado con seis a 10 años de prisión-, y el financiamiento de las redes de robo de combustible -al cual se le asignó una sanción de 15 a 25 años de prisión-.
Es más, se tiene estipulado como delito que el dueño de un predio donde se tengan tomas clandestinas, teniendo conocimiento de esto, no lo denuncie, por lo cual se podría ver acreedor de cuatro a seis años de prisión.
Politizan robo de combustible
Llama la atención que a pesar de que ya existe esta disposición, el tema haya sido tomado ahora como una bandera política por el grupo del gobernador Moreno Valle, pues por ejemplo durante su comparecencia frente a los diputados locales el pasado fin de semana, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano volvió a solicitar la reforma penal para que la actividad de los huachicoleros se considere un delito grave.
Ahora además, el diputado federal por Acción Nacional, Eukid Castañón Herrera, adelantó esta semana a medios locales que ya trabaja en una propuesta en esta materia a petición del gobernador.
El portal e-consulta publicó una nota firmada por Jesús Viñas, en la cual el coordinador de los diputados panistas de Puebla afirmó de manera textual: “En lo personal traigo dos propuestas ahorita. Una que encargó el gobernador del estado para incrementar las penas a loshuachicoleros. Con el nuevo sistema de justicia penal, hay que hacer una serie de reformas, pero la idea es hacer mucho más duras las penas y también darle condiciones a las autoridades para que puedan aprehender a estas personas y paguen las consecuencias”.
