Por Shanik David
Los temas de feminicidios y la violencia de género fueron usados con fines políticos durante la pasada contienda electoral y se sacó de contexto el nivel de esta problemática sólo con fines políticos, acusó el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano al momento de comparecer frente a los diputados locales como parte de la glosa del Sexto Informe de Labores de Rafael Moreno Valle.
Esto, explicó, pues con base a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el estado se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto al número de homicidios violentos de mujeres, y que incluso en contraste no se viven escenarios como los que hay en el Estado de México o Chihuahua.
“Las acusaciones que se han hecho con tintes políticos más que de otra naturaleza de pronto manejaban datos que sumaban casos de homicidios de mujeres (sin que se cumpliera la figura de feminicidio), o casos de otros estados como Hidalgo, o sin que hubiera pruebas suficientes sólo porque aparecía en algún periódico”, señaló el funcionario, esto pues dada la falta de información oficial al respecto los recuentos que impulsan organizaciones sociales sin filiación política recurren a los recuentos hemerográficos para llevar una estadística de los casos de asesinatos violentos de mujeres.
El encargado de la gobernabilidad del estado fue enfático al señalar que este manejo de cifras se dio con fines políticos en el marco de la elección a gobernador, por lo que “es necesario dimensionar la situación que se vive en el estado”.
En concreto, refirió que en 2016 se registraron 59 feminicidios -es decir, un promedio de un caso cada seis días-, además de que hasta la fecha ya suman tres casos en 2017; además refirió que del total de casos sólo 27 ya han sido consignados, es decir cerca de la mitad de los asesinatos que se registraron de manera oficial el año pasado siguen impunes.
“Cada organización opina desde su trinchera política, por eso pusimos en marcha el sistema de información”, insistió el secretario en relación al Centro Estatal de Datos (CEDA) el cual fue lanzado en diciembre pasado en respuesta a las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim) para evitar la emisión de una alerta de género en Puebla.
Sobre el proceso que abrió el organismo federal, Carrasco Altamirano indicó que se han cumplido con todas las observaciones que se hicieron aunque se prevé que se pueda presentar un tercer paquete de iniciativas ante el Congreso local para atender algunos puntos legislativos que quedaron pendientes.
Califica de “magico” el número de presos políticos
En relación a las críticas que se han hecho en contra del gobierno del estado por la existencia de más de 250 presos políticos, el secretario General de Gobierno calificó esto de falso pues, en primer lugar, el término no existe en la legislación actual y se trata sólo de una expresión política.
Además, dijo que durante la actual administración no se han encarcelado a personas por manifestar sus ideas, sino que han respondido a delitos acreditados por las autoridades.
Es más, para aclarar esta situación refirió que a finales de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió un documento al gobierno poblano en el cual se le requería información relacionada con al menos 200 personajes que eran señalados como presos políticos, sin embargo de los nombres que se presentaron sólo cuatro tenían procesos abiertos y del resto no se tenían registros judiciales: Rubén Sarabia Sánchez, Rubén Sarabia Reyna y Xihuel Sarabia Reyna -contra quienes se abrieron cargos por narcomenudeo- y Fernando Alonso Rodríguez -acusado de lesiones graves-, todos integrantes de la dirigencia de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.
Por esta razón, calificó como “mágica” la cifra de que en Puebla se tienen cerca de tres centenares de presos políticos pues, insistió, no se tienen procesos en contra de ninguno de éstos.
