Por Shanik David
La reducción de salarios de funcionarios públicos, el recorte de las prerrogativas para los partidos políticos y la reorientación del presupuesto público para beneficiar el gasto social son algunos de los puntos que se incluyen en el oficio que presentarán activistas ante el Congreso local la próxima semana.
Al realizar un mitín en el Zócalo de la ciudad de Puebla, donde se convocó a los ciudadanos a firmar el documento que se entregará una vez que inicie el primer período ordinario de sesiones, Gerardo Pérez Múñoz, integrante del movimiento Puebla Unida, explicó que si bien no se tiene confianza en que los diputados hagan caso a estas exigencias, es una obligación de todos demandar a los legisladores que rindan cuentas por sus acciones.
Recordó que Puebla fue de los primeros estados que aprobó la reforma energética, que fue dio cabida a la alza de las gasolinas que entró en vigor el 1 de enero pasado, por lo que tanto los diputados locales como el gobernador Rafael Moreno Valle también son responsables de la crisis que se vive no sólo en Puebla sino a nivel nacional.
“Les pedimos a los diputados a que tengan sensibilidad” apuntó el activista, al señalar que si bien el movimiento es completamente a partidista, no se descarta en algún momento buscar un acercamiento con los representantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional, pues hasta el momento son los únicos que se han manifestado en contra del aumento al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), que fue lo que derivó en el gasolinazo.
En concreto, los activistas solicitan que los diputados aprueben un cambio en la Ley de Egresos del estado de Puebla, de tal manera que se aplique una reducción del 50 por ciento al salario tanto de los propios legisladores, funcionarios del gobierno del estado y del poder judicial local, así como a los organismos autónomos como el Instituto Estatal Electoral, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y la Comisión de Derechos Humanos, por mencionar algunos.
También pedirán que se redirija el presupuesto asignado para este año a cuestiones de inversión social y no a gasto corriente ni obras faraónicas.
Otros ajustes solicitados están relacionados con la modificación de los esquemas de cobro de los impuestos locales, y que a los partidos políticos se les reduzcan las prerrogativas para poder generar un ahorro en el gasto público.
Un punto que destaca es que se requiere a los diputados y al gobierno del estado un programa de apoyo a la economía familiar -similar al que propuso el presidente Enrique Peña Nieto hace unos días-, por medio del cual se busque brindar apoyos a las pequeñas y medianas empresas para evitar el impacto negativo que tendrá en el poder adquisitivo de los ciudadanos el alza en el precio de los combustibles.
Además se pide la intervención de los diputados locales para impulsar acciones a nivel federal, como la derogación de los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos de la Federación -los cuales establecen los esquemas de cobro de impuestos federales y la concentración de estos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-, así como evitar que se apruebe la Ley de Seguridad Interna que se discute en el Congreso de la Unión, por mencionar unos puntos.
