Por Shanik David
A pesar de que el Sexto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Jorge Ulises Carmona Tinoco, firmó un documento por medio del cual considera que el gobierno del estado ya presentó las pruebas necesarias que demuestran el cumplimiento de las observaciones incluidas dentro de la recomendación 2VG/2014, para los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan el caso sigue abierto.
Esto pues aunque en el documento firmado por el funcionario se indica que se cumplieron las tres recomendaciones faltantes -relacionadas con el seguimiento de los procesos penales y administrativos en contra de los responsables, el pago de la indemnización a Elia Tamayo Montes por la muerte de su hijo José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y la aplicación de protocolos para la resolución pacífica de conflictos-, las acciones tomadas por el gobierno no cubren por completo estos rubros, según denunciaron representantes de los afectados.
En particular, la inconformidad se centra en la impunidad en la que se encuentra Facundo Rosas Rosas quien hasta la fecha no ha sido sancionado pese a haber sido el responsable del operativo, pues aunque se abrió un proceso en su contra recurrió a un amparo por lo que no se ha investigado a fondo su participación en los hechos, pese a lo cual la CNDH considera que sí se cumplió con el proceso en su contra.
Ante esto, Elia Tamayo Montes llamó a que la comisión no sólo se enfoque a revisar los documentos que le envió el gobierno del estado, sino que vaya más allá y que verifique personalmente el cumplimiento, pues en términos reales no se ha hecho justicia.
Añadió que no está conforme porque “la Comisión de Derechos Humanos está a favor del gobierno y no se vale, yo siempre he pedido justicia, por favor, por el amor de Dios, ya basta de hacer tantas cosas y que no se haga justicia”.
A este llamado se sumó Araceli Montes Bautista, madre del expresidente auxiliar de Chalchihuapan Javier Montes Bautista, quien explicó que luego de que se diera a conocer este oficio -el cual les fue notificado a principios de mes-, acudió a una reunión con el visitador en donde, dijo, éste la intentó convencer de aceptar el cumplimiento.
Entre los argumentos que le dio el Carmona Tinoco para que aceptara esta resolución, le propuso que a cambio de que dieran por cerrado el caso de la agresión que sufrieron los pobladores a manos de policías estatales en junio de 2014, él personalmente intervendría para que se reabriera la iglesia de la comunidad que se encuentra cerrada por un conflicto con Antorcha Campesina.
Sin embargo, Montes Bautista dijo que no se dejó convencer, porque lo que se exige es que se haga justicia, además de que encaró al funcionario y le cuestionó si valía más su cargo como funcionario a la vida de los pobladores que fueron afectados por esta intervención policíaca.
Añadió que lo único que se busca es que se dé por cumplida la recomendación porque ya se acerca el fin del sexenio de Rafael Moreno Valle, quien por sus aspiraciones presidenciales necesita un expediente en blanco para conseguir sus fines políticos.
Pese a esto, adelantó que en caso de que la CNDH vaya en contra de lo que piden los pobladores y se decrete que la recomendación ya se cumplió, se llevará el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que se investigue y sancione al ombudsman nacional por esta actuación irregular.
