Por Shanik David
Los hechos violentos que se registraron durante los últimos días, relacionados con la inconformidad social que hay en contra de la alza en los precios de la gasolina, buscan generar un ambiente de inseguridad que justifique las reformas que se tienen previstas en el Congreso de la Unión para militarizar el país.
Esto lo comentaron por separado activistas del estado de Puebla, quienes afirman que lo que se pretende es que al aumentar los hechos delictivos y violencia sea la propia sociedad la que exija la presencia del ejército para custodiar a la población.
Para Tonatiuh Sarabia Amador, abogado de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, esta política de militarización lo que pretende es proteger los intereses de las grandes transnacionales que hay en el país y las cuales acapararán diversos sectores estratégicos por las reformas estructurales como la energética.
Recordó que, de acuerdo con versiones de diferentes grupos sociales y políticos, fue el propio Estado mexicano el que orquestó las movilizaciones violentas y saqueos para generar un ambiente de temor entre la población, lo cual forma parte del proyecto de militarización nacional.
“La campaña por las redes sociales y los medios de comunicación masiva para generar temor y hasta pánico entre la gente con versiones supuestamente confiables de hordas de vándalos lanzados contra el pueblo y de militares y policías desatados incluso con órdenes de tirar a matar dizque para contener a los vándalos” lo único que buscaba es qeu la población exija mayor seguridad pública, señaló el abogado.
Esta política, refirió, fue impulsada “por los grandes capitalistas que controlan los organismos patronales y empresariales y por el gobierno” para sentar las bases para la discusión que se abrirá esta semana en el Congreso de la Unión para la creación de la Ley de Seguridad Interna, con la cual se le darían facultades al Ejército y Marina para ejercer labores de seguridad pública.
“Quieren justificar que esta violencia, que ellos mismos generaron, se controle por la fuerza y no con políticas públicas que puedan aliviar la carestía y los altos precios que se tienen en el país”, insistió Sarabia Amador.
Es más, calificó como “raro” que ahora que los combustibles estarán en manos de capitales privados, es cuando el gobierno quiere tomar acciones para proteger las gasolineras y evitar los saqueos de Pemex.
Algo similar expresó el activista Gerardo Pérez Múñoz, quien explicó que con la Ley de Seguridad Interna, sumado a las reformas estructurales, se llegará “a las puertas del fascismo” sólo para proteger los intereses de los inversionistas extranjeros.
Recordó que como parte de esta nueva ley, y la reforma al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se aprobó en abril pasado, se facultará al presidente de la República a declarar “estados de excepción” por cuestiones como motines, violencia o presencia de crimen organizado, de tal manera que se permita la participación del Ejército en labores de seguridad e incluso se cancelen algunas libertades civiles.
Por esta razón, coincidió con Sarabia Amador en cuanto a que la situación que se vivió a nivel nacional y en Puebla en los últimos días sólo buscaba dar una justificación para la definición de este nuevo marco legal.
