Por Shanik David
Luego de que el Congreso local aprobó el Inicio de Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades en contra del expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, por observaciones sin solventar en su cuenta pública de 2013, el panista afirmó que su administración siempre actuó con apego a la ley y que en su momento se respondieron a todos los requerimientos de la Auditoría Superior del Estado, por lo que consideró que este asunto se trata de una cuestión política.
Refirió que si bien hasta el momento no ha tomado una determinación sobre su futuro político, pues todavía ni siquiera ha entrado en funciones el gobierno electo de José Antonio Gali Fayad, pero que aún así para el grupo cercano al gobernador representa un “riesgo”.
“Se trata de desprestigiar y bloquear a mi persona, el gobernador busca atentar contra mis libertades políticas y de expresión sólo porque represento un riesgo para su proyecto personal y para los de las personas cercanas a él”, respondió el exedil capitalino en una breve rueda de prensa en la que estuvo acompañado por integrantes del gabinete que lo acompañó a su paso por la administración municipal así como panistas ligados al yunque.
Este tipo de represión, continuó, la han sufrido diferentes actores sociales que han señalado los errores de la administración de Rafael Moreno Valle, lo cual incluso quedó en evidencia con el hecho de que fueron los diputados vinculados con el morenovallismo los que votaron a favor del procedimiento en su contra.
Pese a esto, se dijo tranquilo pues tiene todas las pruebas necesarias no sólo para solventar las observaciones, sino incluso para demostrar que esto se trata de una persecución política, las cuales dará a conocer cuando el momento sea oportuno.
Como ejemplo de que se trata de una cuestión política recordó que hace un mes se llevó a cabo la visita de Margarita Zavala a Puebla, en la cual él apoyó a la aspirante a la candidatura panista a la presidencia de la república, por lo que resulta “curioso” que sea sólo unas cuantas semanas después que se da esta situación con su cuenta pública.
Insistió que el proceso que se abrió en su contra “será vacío” pues no hay elementos para sancionarlo, pues los funcionarios que trabajaron con él actuaron con apego a la ley además de que ya se habían respondido a las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado sobre esta cuenta pública.
Observan 411 millones de pesos
Durante la sesión del pleno en la que se aprobó el inicio del procedimiento en contra del panista, el diputado Rosalio Zanatta, integrante de la Comisión Inspectora, explicó que en el dictamen que se aprobó se observaron 411 millones de pesos que no fueron comprobados de manera correcta.
A decir del priísta, esta situación se pudo deber a que las personas que manejaron las finanzas no llevaron un control adecuado de la documentación o que no se tuvo a un auditor externo para la revisión de las finanzas municipales, por lo que incluso minimizó la situación, al referir que Rivera Pérez todavía cuenta con 15 días hábiles para aclarar estos puntos ante la ASE y evitar una sanción.
De manera general Zanatta indicó las observaciones se centraron en la comprobación de licitaciones, adjudicaciones y otras cuestiones administrativas.
Al momento en que se sometió a votación el dictamen de la cuenta pública de Rivera Pérez correspondiente a 2013, Pablo Montiel Solana subió a tribuna para denunciar que la ASE y el propio Congreso se habían extralimitado al auditar este paquete fiscal, pues este consistía de recursos federales ejercidos por el ayuntamiento de Puebla.
Dado que se trata de un monto aportado por la federación, explicó el exsecretario de Gobernación de la administración de Rivera Pérez, tendría que ser la Auditoría Superior de la Federación la que analice el manejo de estos recursos y no la entidad fiscalizadora local.
Por esta razón, solicitó el retiro del dictamen para que se hiciera el estudio de las facultades que se tenían a nivel local sobre el mismo, lo cual fue rechazado.
Al final, el inicio del procedimiento en contra del alcalde panista sólo recibió nueve votos en contra, correspondientes a los diputados de la fracción del PRI, así como Socorro Quezada y Julián Peña Hidalgo, mientras que Montiel Solana de abstuvo de votar.
