Por Shanik David
El gobierno del estado deberá hacer pública la información relacionada con las enajenaciones de inmuebles que se han realizado a lo largo del sexenio, esto a pesar de las negativas que ha dado ante diferentes solicitudes de información.
Esto se acordó en la sesión del pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), al resolverse un expediente relacionado con una solicitud de información formulada desde agosto por la periodista Mónica Camacho del periódico La Jornada de Oriente.
En la solicitud original, la reportera había solicitado información muy puntual sobre las enajenaciones de edificios públicos -las cuales han sido constantes a lo largo de la actual administración, destacando casos como el de La Casa del Escritor y la Plaza de Toros El Relicario, por mencionar algunos-, por ejemplo los estudios de justificación de la venta de los inmuebles, las especificaciones de éstos, los nombres de las empresas a los que se dieron como incentivo en caso de darse donaciones de este tipo, copia simple del avalúo del inmueble, fallos de las licitaciones de enajenación, copia simple de los resultados de las subastas -ya sea que fueron efectuadas por el gobierno estatal o por dependencias u organismos nacionales, detallando cuáles-, el monto obtenido por las enajenaciones y a qué se destinó este recurso.
Sin embargo, en la respuesta que dio originalmente la Secretaría de Finanzas y Administración, notificó que no podía atender la petición “porque la dependencia no había llevado a cabo la enajenación de inmuebles dándoles el carácter de inembargables e inalienables”, describió la comisionada Norma Estela Pimentel Méndez.
Pese a esta postura del sujeto obligado, la comisionada consideró que la queja de la reportera era fundada pues no se le dio la información a pesar de que sí se cuenta con esta, pues de acuerdo con diversas disposiciones de leyes como la General de Bienes del Gobierno del Estado, la Orgánica del Gobierno del Estado y artículos de la Constitución, la SFA debe llevar el registro de la situación jurídica de los inmuebles de la administración estatal.
Señaló que aunque la Ley General de Bienes del Estado determina que los inmuebles propiedad de la administración estatal son “inalienables, indescriptibles y inembargables”, como lo justificó la secretaría, también se indica que sí es posible la enajenación de edificios públicos por medio de un acuerdo de desincorporación aprobado por el titular del Ejecutivo.
Por esta razón, se acordó que no hay un argumento jurídico real para que el sujeto obligado se negara a entregar la información solicitada, por lo que se aprobó por unanimidad de votos que ésta sea entregada a la periodista a la brevedad en el formato solicitado.
