Por Shanik David
A través de un punto de acuerdo presentado en el pleno de la Cámara de Diputados, Felipe Reyes Álvarez, legislador del Partido de la Revolución Democrática, denunció las anomalías que se han cometido en torno al proceso legal de Rubén Sarabia Sánchez y los demás líderes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes que han sido detenidos en los últimos años.
En el documento, el diputado pide de manera concreta que se exhorte al gobierno de Puebla que se libere de manera “plena, inmediata e incondicional” a Simitrio así como a Atl Tonatiuh Sarabia Reyna y Xihuel Sarabia Reyna, así como a Fernando Alonso Rodríguez, o en su caso se le garantice “un proceso con apego irrestricto a la ley”.
Además, el diputado solicita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tome conocimiento del caso por las “aparentes causas políticas” del proceso que se ha abierto en contra de él y de los líderes de la UPVA 28 de Octubre.
En el documento, el legislador hace un resumen acerca de las diferentes anomalías que se han denunciado en torno al caso de Sarabia Sánchez, al decir que “lleva cerca de dos años privado de su libertad por motivos políticos, toda vez que las autoridades poblanas tenían pleno conocimiento de cómo proceder respecto de su libertad preparatoria”.
Esto pues hace especial énfasis en los obstáculos que se han impuesto para que el líder de la organización pudiera ejercer el beneficio de preliberación que le fue otorgado en 2001 por el entonces gobernador Melquiades Morales Flores, pues a pesar de haber recibido ésta en 2014, a menos de dos meses de que se cumpliera la sentencia que le había imputado en 1989, fue detenido y se abrieron nuevos procesos en su contra.
Sin embargo, desde su encarcelamiento hace casi dos años, Simitrio ha ganado amparos y otros recursos legales que han dejado sin efecto los procesos y acusaciones que se le han hecho, sin que las autoridades respondan a los ordenamientos judiciales, critica el diputado en el punto de acuerdo.
“Se demuestra que se usó de manera arbitraria e ilegal el poder del estado, abusando de la fuerza para encarcelarlo, y poder así desatar la represión y persecución política contra la 28 de octubre, armar desde las instituciones procesos penales que tienen en prisión a sus hijos y a Fernando Alonso; procesadas a la esposa, a la nuera y a dos militantes más; sumando a lo anterior las amenazas de muerte desde el anonimato”, refiere al exigir que se tomen las acciones necesarias para garantizar un proceso correcto hacia los lideres de la organización.
