Por Shanik David
A pesar de que el grupo de despedidos del gobierno del estado han presentado oficios solicitando audiencias tanto con los diputados locales como con el gobernador electo José Antonio Gali Fayad no han recibido respuesta, mientras que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se sigue obstaculizando el avance de las más de tres mil demandas que se han presentado por las bajas injustificadas.
Marco Antonio Manzano, representante del movimiento, recordó que fue el 4 de julio cuando acudieron con los diputados locales para solicitar una reunión para analizar el problema de los 14 mil despedidos del actual sexenio sin que hubiera respuesta alguna, mientras que para el 5 de octubre se presentó un documento similar en la oficina de transición de Gali Fayad sin que hayan recibido alguna notificación al respecto.
El problema de esta falta de respuesta, explicó el exburócrata, es que se acerca el final del sexenio sin que a la fecha se haya logrado resolver alguna de las demandas laborales que se han presentado lo cual implica que este será un tema que se le heredará al gobierno entrante.
Es más, señaló que en los últimos meses han sido entre seis y siete los extrabajadores que han ganado recursos legales para pedir su indemnización o jubilación que les corresponde, pero que los propios funcionarios estatales han presentado amparos para evitar cumplir con las sentencias por lo que sigue sin haber una solución real a la problemática.
Además, indicó que se dio el caso de alrededor de 15 policías estatales que habían sido despedidos, pero que a raíz de los juicios que iniciaron fueron reinstalados en sus puestos pero con condiciones mínimas pues entraron como trabajadores de confianza y no se les respetaron los salarios caído, “los agarraron con hambre”, comentó Manzano.
Esto lo dio a conocer durante una manifestación que realizaron los extrabajadores del gobierno del estado a las afueras de la JLCA, donde acusó que esta instancia es una de las principales responsables del retraso en la resolución de los juicios.
Señaló que las autoridades han recurrido a argucias legales como negar que los despedidos hayan sido trabajadores sindicalizados, sino que eran empleados de confianza, a pesar de que se cuentan con todos los documentos e información necesaria para corroborar las bases sindicales con las que contaban, lo cual sólo busca retrasar más los procedimientos.
