Por Shanik David
Factores como la corrupción, la impunidad, la inseguridad y el poco respeto a los derechos de los ciudadanos han llevado a que en Puebla la población haya perdido la confianza en las autoridades y que no se viva un verdadero Estado de Derecho, señaló el rector de la Universidad Iberoamericana, Fernando Fernández Font.
Esta situación, continuó, es lo que ha llevado a que los ciudadanos hayan recurrido a tomar la justicia en sus propias manos, con la conformación de grupos de defensa vecinal o hasta con los linchamientos que se han registrado en las últimas semanas, lo cual representa un foco rojo que debe ser atendido por las autoridades a la brevedad.
“Jamás podemos justificar el tomar venganza por propia mano, en ningún Estado de Derecho se puede justificar”, indicó el rector, y señaló que sin importar el delito que se haya cometido “todos tenemos derecho a ser juzgados por las instancias de la ley”.
Sin embargo, es por la falta de confianza en las estructuras de gobierno y el sentimiento de poca protección que dan éstas lo que hace que los ciudadanos, en un intento de proteger a su familia, recurra a estas acciones violentas.
Esta situación se debe a que se han dado hechos delictivos como los asaltos en autobuses, los ataques de mujeres y cuestiones similares, lo cual genera una alta indignación sin que haya una respuesta clara de las autoridades, añadió.
Esto responde a la corrupción y la impunidad que se vive no sólo en Puebla, sino en el país, pues “cuando los que están al frente de las grandes decisiones del país están más enfocados en sus intereses particulares no atienden a la sociedad, lo cual afecta a este panorama”.
Puso como ejemplo el caso de un estudiante de la Universidad Iberoamericana, quien fue asaltado en las inmediaciones de la casa de estudios y cuando acudió al Ministerio Público “los propios trabajadores le dijeron que ni se preocupara, que iban a encerrar al culpable y al rato ya iba a andar en la calle”.
Aunque, dijo el rector, hace falta también la participación de los ciudadanos para evitar este tipo de situaciones, pues hace falta una formación de “ciudadanos”, es decir de que las personas tomen un papel activo en la toma de decisiones, pues se tiene la ideología de que “nadie los va a escuchar”.
A esto se sumó Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Elliacuría señaló que es necesario que el tema de la seguridad no se vea sólo como una obligación de las autoridades y las policías, sino que se debe tomar en cuenta la participación de los propios habitantes del estado para hacer frente a esta problemática.
Sin embargo, continuó, tienen que haber mecanismos reales de evaluación de estas políticas públicas, pues si bien ya se han conformado grupos de vigilancia vecinal y se presumen pláticas con los ciudadanos para atender estos temas no se tiene un reporte claro de la eficacia de estos programas.
“Cuando valoramos la situación, vemos que hay una distancia entre lo que las autoridades conciben como seguridad pública únicamente y no atienden un concepto de seguridad ciudadana”, puntualizó la especialista.
Al igual que el rector, Cariño Cepeda refirió que hay factores institucionales que afectan en la pérdida de confianza en las autoridades, como es el hecho de que no hay un acceso a la justicia fácil, pues los procedimientos son complejos, retardados, incluso costosos pues hay que sacar copias de la documentación y se pierden hasta días de trabajo, lo cual lleva a que los ciudadanos opten por no denunciar.
