Por Shanik David
La forma en la que los diputados de la LIX Legislatura llevan el proceso de selección del nuevo integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) está marcado por la opacidad además de que el manejo de la convocatoria va en contra de los estatutos que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla vigente.
Esto lo comentó José Manuel Rodoreda Artasánchez, integrante del Nodo de Transparencia, al señalar que es preocupante la poca información que hay disponible sobre este proceso de selección, pues incluso esto desmotiva a aquellas personas que pudieran tener un interés legítimo de participar en el proceso de selección.
Lo anterior además representa una violación a lo que establece la ley en la materia en lo referente a la renovación de los comisionados del órgano garante de transparencia, pues no se han cumplido los tiempos ni los procesos correctos para desarrollar este procedimiento.
En primer lugar señaló que la ley puntualiza que tiene que ser la tercera semana del mes de octubre cuando se lance la convocatoria para la elección de los comisionados, lo cual no se cumplió, pues hasta la fecha no se ha publicado las bases.
Además apuntó que la ley es clara al señalar que es el “órgano de gobierno” del Congreso, es decir, la Junta de Gobierno y Coordinación Política la que debe emitir ésta, pero en esta ocasión sólo se emitió un acuerdo para que sea la Comisión de Transparencia la que lance la convocatoria.
Ante esto, lanzó un llamado para que los diputados cumplan lo que marca la ley y que no sólo “se trate aparentar” este cumplimiento con medidas que sólo retrasan el proceso, pues esto sólo recorta los plazos que tienen disponibles los aspirantes.
Este es un riesgo pues dependiendo de los requisitos que se soliciten y el tiempo que se dé para que los ciudadanos se inscriban en el proceso se podría obstaculizar la participación, ya que en ocasiones se piden copias certificadas o cartas de vecindad que requieren trámites tardados y que representarían una posible barrera para quienes opten por formar parte del proceso.
Parece, dijo el especialista, “que se está preparando algo para que sea determinada gente la que cumpla con los requisitos”.
