Por Shanik David
A lo largo de la actual administración estatal se ha visto una práctica recurrente y sistemática de fabricación de delitos en contra de aquellos ciudadanos que se han decidido manifestarse en contra de las autoridades o simplemente proteger su patrimonio, sentenció Carolina González Barranco, representante del Comité para la Liberación de los Presos Políticos.
Un ejemplo de esto, dijo, es el caso de Néstor López Espinoza y los jóvenes que fueron detenidos en 2013 por organizar una manifestación en contra del presidente Enrique Peña Nieto, y a quienes, como quedó evidenciado en la sentencia que emitió la Primera Sala de lo Penal del Poder Judicial del Estado, se les inventaron cargos o al menos se dieron discrepancias entre las declaraciones de los policías que derivaron en su absolución.
“Vivimos un gobierno que se ha caracterizado por la fabricación de delitos, que vienen desde distintos ámbitos, a aquellos que piensan manifestarse pacíficamente”, subrayó la activista, al indicar que estas medidas representan una clara violación no sólo a los derechos humanos de los ciudadanos sino al debido proceso que marca la ley.
Esto, continuó, ha derivado en la persecución de cerca de 250 personas en los últimos seis años, desde aquellos que han sido encarcelados, procesados o que tienen órdenes de aprehensión abiertas como una forma de buscar desarticular movimientos sociales en toda la entidad.
Este escenario genera una preocupación particular por la aspiración presidencial de Rafael Moreno Valle, comentó González Barranco, pues esto representaría un ejemplo de la política que podría continuar en el siguiente cargo que ocupe.
“La pregunta sería en caso de que lograse ser candidato, si este tipo de actos seguirían en su administración o cómo afectaría la evaluación de sus casi seis años de gobierno” reflexionó la activista.
