Por Shanik David
La lista de funcionarios sancionados y los castigos que se les impusieron, la forma de aplicar la reparación del daño y la explicación de la creación del área destinada para resolver conflictos sociales en el gobierno del estado son algunos de los puntos que la señora Elia Tamayo Montes solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se le informen como parte del cumplimiento de la recomendación 2VG/2014 emitida por el órgano por el caso de Chalchihuapan.
Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el niño de 13 años que murió a raíz de la lesión que sufrió por parte de los elementos de la policía estatal durante el desalojo de la manifestación de pobladores de la junta auxiliar, envió una carta al sexto visitador de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, para pedir dicha información pues asegura que hasta el momento no se tienen datos claros sobre el cumplimiento de la recomendación.
“En las diferentes mesas de trabajo y reuniones que se han realizado con usted, así como con funcionarios del Estado de Puebla, no ha habido una respuesta satisfactoria, esas reuniones han sido para atender algunos aspectos diversos de la propia recomendación, pero no se me ha dado explicación alguna del avance de la recomendación integral, en todos los demás aspectos”, se indica en el documento.
Además se destaca la importancia de que se dé a conocer la información del caso como una garantía para ella y el resto de los poblanos que casos como el de Chalchihuapan no se repetirán además que “permitirá a las víctimas de este caso, conocer la verdad, que sucedió, saber que se responsabilizó a gente del estado”.
De manera puntual, en el oficio se piden datos concretos de las recomendaciones que el gobierno presume que ya se cumplieron, por ejemplo se requiere la lista de a qué funcionarios se les abrieron procedimientos administrativos y penales, así como las sanciones o penas impuestas, además de que se informe si hay más órdenes de aprehensión en contra de más policías.
Además, se hace mención especial del exsecretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas, quien aunque sí recibió una sanción presentó un recurso de amparo de tal manera que esta no se pudo aplicar, por lo que Tamayo Montes pide que se informe la situación jurídica del exfuncionario para “verificar entonces si el procedimiento y la sanción impuesta cumple con la expectativa de esa CNDH al establecer la existencia de hechos de responsabilidad y no que se juegue con la justicia”.
También requiere una explicación de la forma en que las autoridades aplicaron los estándares internacionales para la definición de los montos para la reparación del daño de las víctimas, y que se dé a conocer el nombre del titular del área creada dentro de la estructura de gobierno para atender los conflictos sociales por medio del diálogo y respeto a los derechos humanos, que se requería en el pliego de recomendaciones, además de que se informe la experiencia del funcionario en cuestión pues “no puede ser un área de mera atención y gestión, sino que debe tener capacidad de solución”.
