Por Shanik David
Aunque son ya dos los amparos ganados por exfuncionarios de la administración de Mario Marín Torres en contra de las sanciones que se les impusieron por parte de la Secretaría de la Contraloría estatal, la extitular de la dependencia, Patricia Leal Islas, afirmó que todos los procedimientos se dieron con apego a la ley.
La ahora diputada local por Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Fiscalización dijo que no tenía conocimiento sobre las sentencias emitidas por los tribunales federales, en las cuales se indica que para cuando se aprobaron las sanciones las faltas ya habían prescribido además de que la Contraloría tomó facultades como autoridad fiscal, administrativa y sancionadora a pesar de que no podía tomar este tipo de determinaciones.
Leal Islas explicó que los procedimientos se abrieron con base a los documentos del proceso de entrega recepción y que se siguieron los tiempos que marca la ley, por lo que no considera que hubiera algún tipo de irregularidad al respecto.
“La ley señala que una vez concluido el proceso de entrega recepción se tiene un año para hacer la revisión de los documentos, investigar y sancionar lo correspondiente”, puntualizó la panista.
Después de la revisión de los documentos del procedimiento de recepción, continuó Leal Islas, se determina si procede el inicio de un proceso de responsabilidad administrativa, por lo que se llevó el proceso y tiempos establecidos, insistió.
Por esta razón, aunque reiteró que no tiene conocimiento de las sentencias o los términos que fueron impugnados por los exfuncionarios marinistas, la excontralora defendió los procedimientos abiertos en contra de éstos.
De acuerdo con la información publicada en la columna de Al Portador, del periodista Alejandro Mondragón, son funcionarios de la Secretaría de Finanzas de la anterior administración quienes recibieron la protección de la ley en contra de las sanciones que se les impusieron.
En este supuesto se encuentran David Villa Issa, exsecretario de Finanzas y Administración, quien por medio del amparo 2578/2015 quedó libre de la multa de un año y medio del salario que recibía cuando ocupó el cargo en la administración estatal e incurrió en la supuesta falta que se le imputaba, así como la inhabilitación por 12 años y la obligación de restitución de los 37.3 millones de pesos que se le señalaron como daño patrimonial, las cuales quedaron como “insubsistentes”.
Además ganó un amparo similar Ernesto Lichtle, exdirector de la Tesorería estatal, a quien se le había sancionado de manera similar a Villa Issa, con una inhabilitación de 12 años y la restitución de 37.2 millones de pesos, lo cual quedó sin sustento por medio del amparo 2602/2015.
