Por Alejandro Mondragón
En cascada comenzaron a otorgarse los amparos a funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración, durante el sexenio de Mario Marín Torres.
Después de que la justicia federal amparó y protegió los derechos del ex subsecretario de Egresos, David Villa Issa, ahora salvaguarda las garantías con el expediente 2602/2015 del ex director de la Tesorería, Ernesto Lichtle.
Igual que con Villa Issa, deja insubsistentes las sanciones que le aplicaron, además de que obliga a la Contraloría a emitir una nueva pena o declarar la prescripción del delito.
Los jueces federales han dejado en claro que la responsabilidad no es por dinero, pero resulta que la facultad de sancionarlos prescribió en un lapso de un año.
Y a todos les iniciaron procedimientos después de dos años y medio. No habrá forma de tocarlos ni con el pétalo de una rosa.
Al ex director de la Tesorería se le había fijado una inhabilitación de 12 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.
Se le pedía también la restitución de 37 millones 376 mil pesos y se le estableció una sanción económica por un año y medio del salario que percibió en la anualidad en que se cometió en presunto ilícito.
El error fue que la Contraloría se erigió como Tribunal Administrativo contra los ex funcionarios, lo que dejó a todos en estado de indefensión.
Ahora con la prescripción de los delitos, pues game over.
Sentencia: sentencia-amparo-2602-2015-4-semi-ernesto-lichtle-dir-de-tesoreria
