Por Shanik David
La alta incidencia en el número de feminicidios, desaparición de mujeres y víctimas de trata de personas pone al estado de Puebla a la cabeza en estos hechos a nivel nacional, por lo que se considera urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto, siendo una de las estrategias posibles la emisión de la alerta de género que han solicitado organizaciones de la sociedad civil.
Esto se señala en un punto de acuerdo que presentaron los integrantes de la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, con el cual se lanza un llamado urgente al gobernador Rafael Moreno Valle y al secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, para que se emita la alerta en la entidad.
Los legisladores señalan en el documento que aunque fue desde finales de julio cuando el equipo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió el pliego de 11 recomendaciones que debe cumplir el gobierno de Puebla así como un diagnóstico en el que se señala las condiciones de las mujeres en la entidad, la violencia ha sido constante.
Esto se refleja, continúan los diputados, en que a la fecha son 66 mujeres las que han sido asesinadas en el territorio poblano, sin que se quiera reconocer el problema, y ponen como ejemplo el caso de Jalisco, “ en donde el gobernador, sin esperar las conclusiones del grupo de trabajo, la declaró debido a la urgente necesidad de parar la ola de violencia que azota a esa entidad”.
Se puntualiza en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria que en la actualidad Puebla es el noveno lugar a nivel nacional en cuanto a feminicidios y el primer lugar en lo referente a mujeres desaparecidas, lo cual pone en evidencia la urgencia de esta alerta.
Sin embargo, se reconoce que uno de los problemas para que se emita la alerta de género son las cuestiones burocráticas pues en muchos casos se complica el procedimiento para que las organizaciones de la sociedad civil soliciten que se aplique este protocolo y dado que las estadísticas que presentan no son oficiales sino tomadas de reportes periodísticos éstas son desechadas lo cual minimiza la posibilidad de que se acepte la solicitud.
“Los criterios burocráticos no deben imperar sobre la protección amplia a los derechos humanos que establece la Constitución Federal en especial en lo que se refiere a la protección de las víctimas”, señalan los diputados.
Aunque el punto se presentó como de “urgente resolución” fue turnado a comisiones para su análisis por lo que será en el transcurso de las próximas semanas cuando se tendrá conocimiento si los legisladores apoyan esta propuesta.
