Por Shanik David
Mientras el rector Alfonso Esparza Ortiz rendía su Tercer Informe de Labores al frente de la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, miembros de la comunidad universitaria presentaron un listado de las acciones negativas que ha tomado el rector.
Destaca de las medidas implementadas por la rectoría la suspensión de jubilaciones a cerca de 60 trabajadores que ya cumplieron entre 25 y 33 años de trabajo bajo el argumento de que se cuenta con un estudio realizado por una organización independiente donde se señala que la casa de estudios no cuenta con dinero para el sostenimiento del sistema de pensiones, según comentó Enrique Hernández, jubilado de la Buap.
Y aunque el pensionado no recordó el nombre de la empresa que hizo dicho análisis, hay que recordar que dentro del reporte elaborado por Fitch Raitings sobre la calidad crediticia de la universidad correspondiente a 2016 se señala que en enero de este año Valuaciones Actuariales del Norte realizó una evaluación del sistema de pensiones de la casa de estudios de la cual se desprendió que en un plazo de dos años el fondo de pensiones quedaría en números rojos.
A pesar de esto, el jubilado fue enfático al recordar que esto no es posible, pues desde el año 2000 se cuenta con un fideicomiso del fondo de jubilaciones el cual, de acuerdo con estimaciones de los trabajadores, ya alcanzaría los dos mil millones de pesos por concepto de las cuotas que se han pagado a lo largo de los últimos 16 años, aunque el manejo del mismo ha sido completamente opaco, pues la casa de estudios no ha rendido cuentas sobre el destino del recurso captado en este tiempo.
“No es una cuestión de dinero, se trata solo de una posición política tomada por la universidad para negarle a los trabajadores el derecho de disfrutar los beneficios del contrato colectivo”, puntualizó Hernández.
Pero el manejo discrecional del fondo de jubilaciones no sería el único caso en cuanto al uso irregular del dinero de la universidad, pues comentó que algo similar sucede con los negocios que opera la Buap, pues aunque éstos generan recursos que alcanzan los mil millones de pesos anuales, nadie sabe en qué se aplican estos recursos.
Refirió que ya sin muchos los espacios que han sido explotados sólo para sacar un beneficio económico sin que haya un beneficio para los trabajadores, siendo un caso el del Hospital Universitario, el cual si bien empezó como un hospital-escuela, hoy brinda servicios casi privatizados y de mala calidad con afectación a los trabajadores que reciben allí la atención médica que les corresponde por ley.
Como ya habían denunciado otros empleados de la casa de estudios, Enrique Hernández recordó que las consultas tardan hasta seis meses en agendarse, lo cual luego tiene una afectación en la salud de los empleados o jubilados, por lo que acusó que se está poniendo el interés de obtener ganancias económicas por encima de la atención médica.
Además, aunque en su informe Esparza Ortiz anunció que sería el 17 de octubre cuando abra sus puertas la Torre Médica que se construyó en las inmediaciones del Hospital Universitario, Hernández apuntó que ésta será ocupada casi en su totalidad por consultorios privados y que además se tiene conocimiento que todo el noveno piso será para la empresa que opera las Farmacias Alexander Fleming.
“No decimos que la universidad no haga negocios porque al final hay elementos que la universidad puede aportar a la sociedad y ésta puede retribuirle una cantidad de dinero, pero una cosa es eso y otra es que ya estén sólo por la ganancia”, lamentó.
Otra parte de la comunidad universitaria que se ha visto afectada con esta postura de la búsqueda del beneficio económico son los estudiantes, a quienes no sólo se les cambió el proceso de admisión sino que se les bloquea el ingreso a pesar de que se han aumentado los espacios académicos sólo para obtener dinero, continuó.
Antes, dijo, los estudiantes de las preparatorias adscritas a la casa de estudios que tuvieran los mejores promedios tenían un pase directo a cualquiera de las facultades universitarias; ahora después de su graduación deben sacar sus papeles de control escolar, volverlos a ingresar para el proceso de admisión y pagar los exámenes de ingreso, teniendo cada una de estas etapas un costo que deberá cubrir el aspirante.
No sólo eso, después de pasar todo esto se les niega el acceso argumentando poco cupo o incluso que no pasaron las pruebas, con lo cual la universidad se queda con el ingreso generado por este proceso sin que haya un beneficio para el estudiante.
