Por Shanik David
La excandidata independiente al gobierno del estado Ana Teresa Aranda Orozco presentó una denuncia penal en contra de los consejeros del Organismo Público Local Electoral y otros funcionarios del Instituto Estatal Electoral, para que se abran carpetas de investigación en su contra desde la Procuraduría General de la República.
Son tres los delitos que se señalan de manera puntual en la denuncia que se presentó el pasado martes ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, siendo uno de los que más llaman la atención el relacionado con la violencia política de género que sufrió durante la pasada campaña.
Si bien tanto ella como la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Blanca Alcalá Ruíz, presentaron quejas ante la Fepade por estos ataques por cuestiones de género, esta es la primera denuncia penal que se presenta por este delito en la entidad, según explicó el abogado Víctor León Rueda.
Como responsables de este delito se señala a todos los consejeros del OPLE, así como a la secretaria ejecutiva del consejo general Dalhel Lara Gómez y la directora de prerrogativas del instituto Amalia Varela.
A esto se suma una acusación directa en contra de Lara Gómez por peculado, por el uso de vehículos oficiales, personal y recursos del IEE para la revisión de campo de las cédulas de apoyo ciudadano que presentó Aranda Orozco para poder obtener su registro como candidata, en lo cual se destinaron cerca de tres millones de pesos de recursos públicos.
León Rueda explicó que el acuerdo por medio del cual la secretaria ejecutiva ordenó la revisión de las cédulas fue considerado como ilegal por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que la funcionaria debe responder por este desvío de recursos.
El tercer delito que se indica en la denuncia corresponde al de falsificación de documentos, esto por la sustracción ilegal de 25 cajas que contenían las cédulas de apoyo que entregó en abril la entonces aspirante, las cuales fueron sacadas del recinto del IEE sin conocimiento del oficial electoral -quien incluso certificó un oficio reconociendo este movimiento-.
Posterior a esto fue que se dieron a conocer supuesas cédulas en las que personajes príistas, como Karina Romero Alcalá, hija de la candidata priista, o el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Juan Manuel Vega Rayet, apoyaban a la independiente las cuales fueron falsas.
El representante legal de la excandidata indicó que para sustentar todos estos delitos se presentaron las sentencias emitidas en su momento por el TEPJF en las cuales se señalan estas faltas cometidas por el organismo electoral estatal.
Por su parte, Aranda Orozco dijo que si bien los que tienen que preocuparse por estos procesos son los consejeros y demás funcionarios electorales que están como indiciados, el principal responsable de estas irregularidades y quien dio la orden fue el gobernador Rafael Moreno Valle, quien “está más preocupado por andar haciendo campaña que en ver cómo esta el estado”.
