Por: Valentín Varillas
Tres años, cinco meses y 15 muertos después, los miles de ahorradores defraudados por Bampeco siguen en espera de una firma para poder integrarse a un convenio con FIPAGO, que les permita recuperar parte de su patrimonio.
Desde el 28 de julio pasado, el formato se encuentra en poder de funcionarios del gobierno del estado y lo único que hace falta para su concreción es simple y llana voluntad.
En diciembre de 2015 se llevó a cabo la licitación para la auditoría, la cual se terminó en abril, mes en el que el representante del gobierno poblano ante FIPAGO envió los resultados a las oficinas de esta institución federal para su revisión.
Sin embrago, errores cometidos por el despacho ganador de la licitación, convirtieron un fácil trámite de 15 días en un tortuoso periplo de 3 meses y medio.
Hace apenas un par de semanas, el resultado de la auditoría fue autorizado, lo cual elimina el último obstáculo posible para la firma del convenio.
El que los defraudados por Bampeco puedan empezar a cobrar lo que les robaron, es un asunto de justicia elemental.
Recién cometido el fraude, buscaron insistentemente el apoyo del gobierno del estado.
Después de meses y durante la inauguración del Centro Integral de Servicios en Tehuacán, pudieron hablar con el gobernador Moreno Valle, quien giró la orden a su entonces Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, de atender el asunto “de inmediato”.
Nada hizo el funcionario.
Los meses pasaron y los propios ahorradores tuvieron que realizar una serie de acciones que, en teoría, tendrían que haber llevado a cabo las autoridades.
Fueron ellos quienes, con sus propios recursos, después de presentar la denuncia correspondiente investigaron y lograron dar con las propiedades a nombre de Samuel Cruz Rodríguez, representante legal de Bampeco y de la empresa misma, en aras de gestionar las acciones necesarias para garantizar su patrimonio con esos activos.
Fue así como las autoridades procedieron al embargo de inmuebles en la zona de Tehuacán.
Inmuebles cuyo valor comercial no estaba ni siquiera cerca de respaldar lo defraudado.
El remate no pudo concretarse por la presentación de amparos y otros procedimientos legales llevados a cabo por los defraudadores.
Adiós a la garantía de pago.
Por si fuera poco, desde la comisión del fraude a la fecha, 15 afectados han perdido la vida.
En las víctimas fatales de Bampeco hay una constante: se trata en su mayoría de personas de edad avanzada que tuvieron que suspender sus tratamientos médicos por falta de dinero y que habían destinado los ahorros de toda su vida para este fin.
Esta parte es la que poco se sabe y hasta a la que menos importancia mediática se le da cuando se conocen los fraudes cometidos por financieras que operan de manera irregular y con la complacencia de las autoridades que en teoría tendrían que tomar medidas preventivas para que estos desfalcos no se repitan.
La Caja de Ahorro Bampeco tenía sus oficinas centrales en Tehuacán y contaba con 26 sucursales ubicadas en municipios de Puebla, Oaxaca y Veracruz.
El gancho para atraer a inversionistas era colgarse del nombre de lo que un día fue el Banco del Pequeño Comercio, una entidad financiera propiedad del gobierno federal encargada de otorgar préstamos a los pequeños comerciantes.
Ofrecían una tasa de retorno de inversión de entre 9 y 11% mensual, dependiendo del monto.
Esta financiera se había convertido en un auténtico fenómeno, sobre todo en comunidades rurales de estos estados.
Cientos de productores agrícolas y propietarios de pequeños negocios habían
encontrado en Bampeco una aparente solución para maximizar el rendimiento de su patrimonio, en algunos casos forjado a través de toda una vida.
En realidad, lo perdieron todo y están desesperados.
Hoy, una firma, una maldita firma, podría por fin cambiarlo todo.
A ver si ahora sí se les hace.
