Por Shanik David
Ante el anuncio hecho por el secretario de Finanzas y Administración, Guillermo Bernal Miranda, en relación a que podrían eliminarse plazas de la administración pública estatal como parte de la política de asuteridad del gobierno del estado, lo único que pueden hacer los burócratas que se vean afectdos con este recorte es organizarse.
Así lo dijo el abogado Abelardo Cuéllar Delgado, quien lleva los juicios de algunos de los extrabajadores que han sido despedidos durante la actua administración, al decir que sólo por medio de las redes de apoyo entre los propios despedidos se puede hacer frente a una nueva oleada de bajas, así como se ha hecho en los casos anteriores.
El abogado recordó que ya se han ganado juicios en los cuales ha quedado en evidencia que las justificaciones que se han dado en los últimos años para el despido de personal de base son ilegales, en particular cuando se habla de que estas eliminaciones de plazas se deben a cuestiones de presupuesto.
Señaló que el argumento de los pocos recursos no es válido, de entrada, porque año con año se aprueba un presupuesto para el pago de salarios, por lo que este es un recurso que se tiene apartado desde un principio y no es algo que varíe a lo largo del año.
Es más, insistió que dado que es el Congreso del que aprueba el presupuesto, antes de hacer algún recorte por cuestiones de recursos el secretario de Finanzas y Administración debería notificar al legislativo en qué se usarían los recursos que se tenían etiquetados originalmente.
Ante esta facilidad con la que se buscan eliminar espacios de trabajo, el litigante acusó que se trata de una decisión tomada por tecnocratas, quienes demuestran el poco respeto que tienen por las leyes con estos despidos injustificados.
Sin embargo, reiteró que quienes se vean afectados con estas bajas no deben aceptar las liquidaciones que se les ofrezcan, pues por ley no se pueden eliminar las bases sindicales sino que éstas sólo se pueden reubicar en otras áreas administrativas.
Hay que recordar que a mediados del año pasado se dio una oleada de despidos en la administración estatal bajo el argumento de la baja en los recursos de la administración estatal, siendo principalmente empleados de edad avanzada o a punto de jubilarse los que se vieron sujetos a este recorte y a quienes hasta el momento no se les ha pagado la indemnización que les corresponde por ley.
