Por Shanik David
La determinación que tomó la Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla en diciembre de 2014 para revocar el beneficio de preliberación que había recibido Rubén Sarabia Sánchez desde 2001 por parte del gobernador Melquiades Morales Flores, careció de sustento legal alguno pues sólo el propio poder ejecutivo estatal podría echar atrás la determinación del mandatario, lo que implica que el arresto del líder moral de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre fue ilegal.
Esto lo dio a conocer el abogado de Simitrio, Samuel Porras Rugerio, quien explicó que fue el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal quien dictó la sentencia del recurso de revisión 20/2016, con la cual queda insubsistente la orden de aprehensión del dirigente de la organización.
Sin embargo, aunque esto sería suficiente para que Simitrio saliera de prisión, las autoridades se adelantaron a una resolución de este tipo, al saber que la decisión de la juez penal podría ser desechada, y fue por lo cual se le imputaron los delitos de narcomenudeo como una coartada para que no saliera de prisión aun cuando ganara los recursos legales que se presentaron desde el momento mismo de su aprehensión.
Es más, Porras Rugerio recordó que los cargos de narcomenudeo se dieron sin que hubiera prueba alguna y sólo por supuestas denuncias anónimas y que incluso también se han ganado recursos legales en contra de estas imputaciones.
El abogado recordó que fue el Ministerio Público el que solicitó el 18 de diciembre de 2014 a la Juez Quinto de lo Penal la revocación de la preliberación de Simitrio, la cual fue ejecutada ese mismo día, y al día siguiente el líder de la 28 de Octubre fue arrestado al llegar a una reunión de diálogo con el entonces secretario de Gobernación del ayuntamiento de Puebla, Guillermo Aréchiga Santamaría.
Para el 29 de diciembre de ese mismo año se presentó el amparo 69/2015 en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, el cual derivó en el proceso que emprendió el Segundo Tribunal Colegiado quien determinó que era fundado el agravio referido por la parte quejosa “por el que dentro del proceso 113/1989 la Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, le revocó la libertad que venía gozando en virtud de la quinta fase del tratamiento preliberacional, atendiendo a las legislaciones aplicables al caso concreto a que se ha hecho alusión, de las que se desprende que es el ejecutivo del Estado la autoridad encargada de vigilar y procurar el cumplimiento de las sentencias dictadas en las causas penales en la época en que causó ejecutoria la sentencia respectiva y no la autoridad judicial”.
Esto no sólo deja sin argumento legal la detención de Simitrio, sino que también revoca una resolución emitida por la Juez de Ejecución de Sanciones como parte del proceso 33/2015/JES/E, que determinaba que Sarabia Sánchez tendría que cumplir una sentencia hasta el año 2050.
Con estos argumentos, Porras Rugerio denunció que Rubén Sarabia Sánchez ha pasado 20 meses en prisión, con una afectación directa a su estado de salud, por “nada” además de que ha quedado en evidencia el uso político de las instancias de procuración de justicia y cómo se pasa por encima de las instituciones sólo para mantener al líder de comerciantes en prisión.
Por esta razón, a nombre de la UPVA 28 de Octubre, hizo un llamado directo al gobernador Rafael Moreno Valle, al fiscal Víctor Carrancá Bourget y al secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano -así como su antecesor Luis Maldonado Venegas-, para que actúen con responsabilidad y apego a la ley, y se ordene la liberación tanto de Simitrio como de Atl Rubén Sarabia Reyna, Xihuel Sarabia Amador y Fernando Alonso.
Insistió que aunque la sentencia es de un Tribunal Colegiado y ya no hay posibilidad de una posible impugnación por parte de la autoridad, los cargos de narcomenudeo impiden la liberación de Simitrio, por lo que pidió que las autoridades recapaciten y desechen también estas imputaciones que calificó de falsas.
