Por Shanik David
La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática dio el espaldarazo a los 11 alcaldes y dos expresidentes municipales que son perseguidos políticamente con sus cuentas públicas por no haber apoyado a José Antonio Gali Fayad en la pasada elección, al anunciar que se les dará todo el apoyo legal para que presenten amparos para protegerse de cualquier situación que se llegue a presentar.
Esto lo comentó la presidenta del Comité Directivo Estatal, Socorro Quezada Tiempo, quien además refirió que la dirigente nacional, Alejandra Barrales envió un mensaje directamente al gobernador Rafael Moreno Valle para que cese la persecusión de los perredistas en Puebla.
El hecho de que ya se tenga esta percepción del mandatario poblano en el Comité Ejecutivo Nacional sí podría representar un factor que afecte su anhelo por una alianza entre el PAN y el PRD para su postulación para 2018, lo cual, dijo Quezada Tiempo, le demuestra al mandatario que haber seguido a Carlos Martínez Amador y a Luis Maldonado Venegas “no era el camino” si quería sentar las bases para esa coalición.
Refirió que en el CEN del partido se estableció una política interna de respeto hacia las dirigencias estatales, por lo que, si quiere lograr su coalición, primero deben convencer a la comité estatal para tener posibilidades de un acuerdo nacional, para lo cual tendría que acabar con la persecución que se ha emprendido contra los perredistas.
Sobre el caso concreto de los recursos legales, señaló que los amparos serían a favor de los ediles de Mixtla, San Martín Totoltepec, Xayacatlán de Bravo, San Nicolás de los Ranchos, San Jerónimo Xayacatlán, Tulcingo del Valle, San Pablo Anicano, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Totoltepec de Guerrero, Zautla y Acajete, y de los expresidentes de Piaxtla y Zoquitlán, pero que por el momento se sigue en proceso de estructurar los expedientes y definir ante qué juzgado se presentarían.
Puntualizó que los amparos irían en contra de cualquier orden de aprehensión o proceso administrativo que se les pudiera abrir a los alcaldes, pues a una semana de que se aprobaron estas sanciones los funcionarios públicos no han sido notificados de los resolutivos en su contra.
Aunque, continuó Quezada Tiempo, el hecho de que se presenten los amparos no significa que se solapará si se detecta que alguno de los ediles sí incurrió en alguna falta, y tendrían que responder en caso de que sí se encuentra alguna anomalía; pero, refirió, “el asunto de los presidentes no es un tema contable”.
