24-01-2022 11:36:33 AM

Va el segundo intento para ampliar marco constitucional en materia de derechos humanos

Por Shanik David

La incorporación del principio pro persona, la garantía de los derechos humanos en el sistema penitenciario, el respeto a los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas y la obligación de las autoridades de rendir cuentas cuando no se acepten o cumplan recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, son los puntos que se incluyen en la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos que ingresó hace unos días al Congreso local.

Fue el diputado Sergio Céspedes Peregrina, presidente de la Comisión de Derecho Humanos, quien elaboró la propuesta, siendo la segunda ocasión durante la actual legislatura que busca ampliar los criterios en materia de garantías ciudadanas en la carta magna de la entidad.

Esto pues fue el 31 de julio de 2014 cuando en conjunto con Víctor Manuel Giorgana Jiménez presentó la propuesta para modificar varios artículos de la Constitución para homologar la norma estatal con las disposiciones de la reforma federal de 2011 en materia de derechos humanos.

En esa ocasión se contemplaban cuestiones como el principio pro personal, la capacidad de los pueblos indígenas de hacer consultas públicas para definir la posible instalación de proyectos de inversión de terceros, que la familia forme parte del catálogo de figuras jurídicas que protege la ley, contemplar el principio de máxima publicidad en lo referente al acceso a la información y sentar las bases para la protección de los derechos humanos en el sistema de impartición de justicia.

Sin embargo, la iniciativa acaba de cumplir dos años estancada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a pesar de que existe un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de que Puebla es de los estados que siguen sin cumplir con las disposiciones de la reforma de 2011.

Por esto, Céspedes Peregrina explicó que optó por hacer una nueva iniciativa que fuera más concreta y quitando algunos puntos que, a su parecer, podrían haber “empantanado” la discusión de la propuesta original, y así simplificar la reforma.

“Estoy buscando todos los caminos posibles para generar las condiciones para la aprobación, y si el paquete era muy amplio y muy de fondo, ahora vamos por este lado”, añadió el priísta al destacar la importancia de que ya se cumplan con los lineamientos en la materia.

De este modo, la nueva iniciativa sólo contempla modificaciones a cuatro artículos constitucionales para cubrir aspectos muy puntuales y sin generar problemas en las discusiones en comisiones.

En primer lugar, se busca adherir al artículo 7 de la Constitución que las normas en derechos humanos se deben interpretar “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplía”.

Además, se modifica el inciso c de la fracción IV del artículo 13, el cual refiere las facultades de los pueblos indígenas, de manera que aunque podrán tomar sus determinaciones con base a sus usos y costumbres deberán proteger y respetar la dignidad de la mujer.

También se cubre el aspecto de la necesidad de garantizar los derechos humanos en el sistema penitenciario, la cual es otra de las deficiencias señaladas por la CNDH en el caso de Puebla, por medio de la reforma del artículo 22, al cual se le anexa que aunque los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se pueden suspender por una sentencia penal, “ el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para dicha persona prevé la ley”.

Por otra parte, se hace una modificación al artículo 142 que habla de las facultades de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla, de manera que cuando alguna entidad de gobierno no cumpla o acepte las recomendaciones, se pueda solicitar al Congreso del Estado que los responsables rindan cuentas al respecto, lo cual si bien ya se aplica no estaba regulado en la Constitución.

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