Por Shanik David
El único permiso que hay hasta el momento en relación a la construcción del parque en la zona arqueológica de Cholula fue expedido directamente con Francisco Ortiz Pedraza, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y no por el Consejo de Arqueología de las oficinas centrales de dicha dependencia; es más el documento se expidió el marzo de este año, cuando los trabajos comenzaron un año atrás.
Esto fue denunciado por los integrantes del Movimiento Cholula Viva y Digna, quienes criticaron que Ortiz Pedraza argumente que ya se tienen las autorizaciones cuando el documento que él firmó sólo permite obras superficiales mas no excavaciones, las cuales ya fueron hechas sin que se haya sancionado a los responsables de la obra.
Es más, entre los documentos que ha obtenido el movimiento de resistencia, se encuentra uno de fecha del 11 de junio de 2015, firmado por Ángeles Olay Barrientos, presidenta del Consejo de Arqueología, en el describe las irregularidades con las cuales se llevaron los procesos administrativos de la delegación de Puebla para la validación de los trabajos en la zona arqueológica.
“Respecto a que ustedes no cuentan con el proyecto ejecutivo de la obra o la memora descriptiva así como el alcance de la misma, les informo que cualquier proyecto de salvamento arqueológico surge a partir de un proyecto de obra sobre el que necesariamente se realiza un programa arqueológico que permite analizar (sobre el trazo de la obra) y emitir un dictamen de factibilidad d ela obra y no al revés”, cita el documento.
Esto implica que primero se validó el proyecto sin siquiera conocerlo, lo cual fue evidenciado por las propias autoridades en 2015 y se señaló como responsables al arqueólogo Arnulfo Allende Carrera y Eduardo Merlo Juárez, quienes en el permiso emitido por el Centro INAH Puebla volvieron a ser designados al frente de los trabajos.
Por esta razón, los integrantes del movimiento lanzaron un llamado al INAH federal para que se cancelen de manera inmediata los trabajos, y que se finquen responsabilidades a los responsables que actuaron en desacato a lo señalado por el Consejo y Arqueología y a los lineamientos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
