Por Shanik David
La forma en la que se llevó a cabo el operativo para el retiro de mercancia supuestamente ilegal del Centro Histórico y que se salió de control al grado que uniformados municipales accionaron armas de fuego ha generado señalamientos encontrados, los cuales coinciden que uno de los temas centrales es la ineficacia o inoperancia de la llamada Ley Bala.
De este modo, mientras que los críticos siguen pidiendo la abrogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, en el Congreso del Estado la defensa de la misma se mantiene en pie, como lo demostró el diputado priísta Sergio Céspedes Peregrina.
El legislador reiteró la posición que ha dado en ocasiones anteriores cuando se le pregunta sobre este tema, en relación a que desde su punto de vista la ley en sí es buena pero lo que falta es capacitación de los uniformados además de que esta no se cumple.
En particular señaló el incumplimiento de la norma por el hecho de que se detonaron armas de fuego, lo cual refirió que está prohíbido por la Ley Bala -la cual tomó su nombre porque en el primer borrador de la misma sí se permitía el uso de pistolas y otros artefactos-; recordó que al final el documento sólo avala el uso de armas incapacitantes.
A esto se suma el que no se tomaron en cuenta ninguno de los protocolos de actuación policíaca, porque si bien se está a favor de que se hagan revisiones y operativos, se deben seguir una serie de estrategias de disuación antes de llegar a la confrontación frontal.
Sin embargo, dado los escenarios que se han dado, Céspedes Peregrina se mostró abierto a que se haga una reforma a la ley, mas no su eliminación, para evitar el uso de cualquier arma y así poner un freno a los abusos que se han dado en operativos similares.
Indicó que lo que salió mal fue la capacitación de los uniformados, por lo que hizo un llamado para que el tema se investigue a fondo y se sancione a los mandos medios, altos y a todos los que tuvieron una participación en los hechos, y que se haga una revisión profunda de las capacidades operativas de los efectivos de manera que quienes no cuenten con el perfil sean removidos.
Operativo, una amenaza para disidentes
En cambio, para organizaciones sociales la violencia que se dio en la movilización policíaca fue un resultado directo de la vigencia que todavía tiene la ley, así como la sumisión de los organismos autónomos hacia los intereses del gobierno del estado.
Así lo dijo Jorge Méndez Spínola, del Movimiento Nacional por la Esperanza, al señalar que incluso dadas las condiciones en que se desarrolló el operativo se pone en duda si en realidad fue una cuestión accidental o si no fue un intento de amedrentar a los disidentes.
Primero, dijo, se agredió a una agrupación que tan sólo hace unos meses se sumó a la campaña de José Antonio Gali Fayad pero pasado el 5 de junio se les volvió a demostrar la cara de la actual administración; además que lo mal planeado “es ilógico y no cabe en una mente sana” por lo que podría haber sido premeditado.
A esta postura se sumó David Méndez Márquez, quien refirió que una vez más quedó en evidencia que instancias como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado sólo protege los intereses del gobierno, pues aunque ya han sido numerosos los operativos que salen mal, hasta el momento el ombudsman no ha tomado cartas en el asunto.
