Por Shanik David
La actuación de los policías municipales y auxiliares en el operativo del pasado viernes representó una violación a los protocolos de actuación y uso de la fuerza pública además de que pusieron en riesgo la integridad no sólo de los comerciantes informales que participaron en el enfrentamiento sino también de los ciudadanos, criticaron integrantes de la plana mayor del Partido Revolucionario Institucional.
A nombre de la fracción de diputados federales del tricolor Xitlalic Ceja García dio a conocer que ante los hechos que se registraron en el Centro Histórico, donde los uniformados hicieron uso excesivo de la fuerza pública para el decomiso de mercancía ilegal, se presentará un exhorto en el pleno del Congreso de la Unión para exigir que sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que intervenga al respecto, para que se tenga una investigación de las afectaciones a las garantías de los poblanos.
Además, se pedirá que mientras se hagan las indagatorias se suspenda al secretario de Gobernación municipal, Juan Carlos Morales Páez, pues aunque él debió mediar en el asunto la situación se salió de control.
La postura de los legisladores fue respaldada por la dirigencia estatal del partido, pues incluso la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Rocío García Olmedo, manifestó la preocupación que genera este tipo de acciones policíacas, pues podría convertirse en un nuevo Chalchihuapan y que los mandos que dieron las órdenes queden impunes como pasó con el operativo del 9 de julio de 2014.
Sin embargo, pese a hacerse la comparación con el caso de Chalchihuapan, los priístas evitaron dar un posicionamiento concreto sobre la necesidad de derogar la llamada Ley Bala, y sólo indicaron que la actuación de los policías fue contrario a lo que marca dicha normal.
Así lo dijo Víctor Manuel Giorgana Jiménez, quien fue diputado local cuando se aprobó la citada ley, la cual defendió al puntualizar que los policías incumplieron todos los protocolos que marca esta norma, pues no se siguieron los pasos y procedimientos que marca ésta, por lo que reiteró que el operativo violó todas las leyes en la materia.
A esto se sumó García Olmedo quien recordó que en la ley se marca que los policías sólo pueden usar armas incapacitantes en casos extremos y no armas de fuego como se dio hace unos días.
“Los comerciantes a pesar de vivir una informalidad son ciudadanos que buscan el porvenir de su familia, estamos a favor del orden pero estamos en contra de pisotear los derechos humanos que ha sucedido y es ya una tarea recurrente en la entidad, una vez más se demuestra que en Puebla el Estado de Derecho no existe”, añadió Alejandro Armenta Mier.
Además de la situación de los derechos humanos, Ceja García apuntó que este caso pone en evidencia la inefectividad de los arcos de seguridad que se han construído en las carreteras del estado con inversiones multimillonarias, pues si bien se ha presumido que éstos sirven para identificar la entrada de mercancía ilegal al estado no se entiende cómo entonces se recogieron tres toneladas de productos de procedencia ilícita en un solo operativo.
