Por Shanik David
Hasta junio del año pasado eran al menos nueve los amparos que se habían presentado en contra del proyecto del parque que edifica el gobierno del estado en la zona arqueológica de Cholula, siete en contra de las expropiaciones que ejecutó la administración estatal y dos más contra las obras en sí.
Esto se indica en el acuerdo de reserva CAPCEE-UAAIP/002/2011-2017 que firmó el 1 de junio de 2015 el entonces titular del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) Diego Corona Cremean, donde se argumenta que dado que estaban en proceso dichos juicios de amparo no era posible hacer pública la información de los proyectos para no afectar el desarrollo de los mismos.
Pero esta no es la única razón de fondo, sino que se indica de manera textual: “peor aún (la información puede) ser utilizada por personas diferentes a los propietarios de los predios expropiados para la tramitación de nuevos juicios, que conlleven el retraso de las obras, lo que llevaría a la posibilidad de perder el financiamiento para la ejecución de los trabajos, hecho que sería en perjuicio del Erario Público Estatal y Federal”.
Es decir, a manera de blindarse legalmente en contra de más recursos legales por parte de los ciudadanos para frenar la obra, la cual carece de permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la administración estatal optó por poner candados a todos los documentos vinculados con esta obra.
Otro de los argumentos que se esgrimen en el acuerdo de reserva, el cual fue solicitado por el periodista Juan Manuel Ramírez, es que dado que los terrenos fueron expropiados por el gobierno, la información sobre las obras que se ejecutan en los mismos pondría en riesgo el patrimonio estatal.
Además se argumenta que se trata de una obra en proceso de ejecución y que dar a conocer los documentos ejecutivos de la misma podría vulnerar el desarrollo de la misma.
Sin embargo, aunque todos los argumentos tienen una temporalidad fija, es decir los recursos etiquetados para la obra que se perderían en caso de presentarse más amparos correspondían al ejercicio fiscal 2015 y la ejecución de las obras terminaría en los próximos meses la información se clasificó como reservada por siete años.
Esto implica que todos los documentos, permisos y planos relacionados con los proyectos “Protección, conservación y restauración de la zona típica monumental en San Pedro y San Andrés Cholula” y “Obras de mejoramiento urbano, deportivo, de esparcimiento y sustitución de calle, banquetas y andadores en espacios públicos de Cholula” pretendía reservarse hasta el año 2022.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, los acuerdos de reserva perderán validez, pues aunque se permite la clasificación de cierta información por parte de los sujetos obligados, no pueden reservarse documentos o expedientes completos sino sólo partes de los mismos.
Esto implicaría que para noviembre de este mismo año, el Capcee tendría que hacer ajustes sobre estos expedientes y estaría obligado a hacer pública la información que se ha resistido a transparentar en el último año.
