Por Shanik David
Aunque en Puebla se tiene un marco normativo suficiente para atender la violencia de género, es en la implementación del mismo que se detectan fallas, omisiones o desconocimiento del mismo que derivan en que no se pueda combatir de frente este problema o que se dé una atención correcta a las víctimas.
Esto lo denunció la senadora Lucero Saldaña Pérez en un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el cual pide al gobierno de Puebla no sólo que atienda las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sino que para responder a las mismas se abra a un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para llevar el seguimiento y monitoreo de las acciones que se emprendan.
En el documento, la priísta hace un recuento de las cifras que planteó el equipo de trabajo de la Conavim en el diagnóstico que dio a conocer hace poco más de dos semanas, como es el hecho de que de 2013 a la fecha sólo uno de cada tres homicidios de mujeres se ha catalogado como feminicidio, así como la baja emisión de sentencias contra los responsables de estos delitos.
Sin embargo, lo que llama la atención es el hecho de que la senadora indica que “no podemos desestimar o dejar de reconocer que en a entidad se cuenta con un marco normativo, instituciones y programas” orientados a hacer frente a la violencia de género, los cuales son perfectibles, pues en su aplicación es donde se han encontrado los problemas.
Esto, explica citando parte del análisis de la Conavim, dado que se cuenta con deficiencias en la capacitación de los funcionarios públicos pues aunque reciben talleres esto no les da las habilidades que necesitan, además de que hay un déficit de servidores públicos en las áreas de atención de víctimas.
Por esta razón, continúa Saldaña Pérez en el punto de acuerdo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, se deben atender las áreas de oportunidad que hay en este tema, como es la falta de información oficial sobre los casos de violencia hacia las mujeres, el incumplimiento de normas nacionales en la materia, que la capacitación no se traduce en mejor servicio, la insuficiencia de recursos humanos y financieros, así como una ausencia de campañas informativas adecuadas.
Dado lo amplio del problema, la senadora insistió en entrevista que es necesario primero reconocer que este es un problema en el cual la acción del gobierno no es suficiente y se requiere atraer a las organizaciones, academia y especialistas para poder atender el tema.
Lo anterior al puntualizar que este no es un problema que se dé únicamente en Puebla, sino que es a nivel mundial que se vive la falta de valores que han llevado al grado de violencia hacia las mujeres.
Reconoció que a nivel nacional, y en particular en Puebla, existe un desinterés en atender cuestiones relacionadas con la violencia de género, derechos humanos y grupos vulnerables, por lo que recalcó la importancia de la acción coordinada con la sociedad para poder implementar acciones preventivas que tendrían un mayor impacto social que las medidas reactivas ante los casos que se presenten.
