Por Shanik David
Las clausulas que contempla el contrato que firmó el gobierno del estado con los directivos de la empresa Audi en septiembre de 2012 para amarrar la instalación de la nueva planta ensambladora de San José Chiapa vulnera la autonomía no sólo de la entidad sino del Estado Mexicano.
Así lo sentenció Francisco Romero Serrano, presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales, al referir que los lineamientos que contempla dicho convenio amagan a la propia autoridad estatal para la protección de los intereses de la trasnacional alemana, como es el hecho de que se prohíben los incentivos a otras empresas automotrices, “es una forma de amagar contra gobiernos que buscan proyectos de desarrollo o de inversión”.
“Se ponen en manos de extranjeros decisiones que le competen solamente a las autoridades poblanas o mexicanas, lo cual representa un cierto grado de sumisión”, lamentó el empresario, al insistir que por lo tanto atentan contra la soberanía de las autoridades estatales.
Por esta razón, indicó que se tratan de condiciones inequitativas y, hasta cierto inoperantes, pues ni siquiera se permitió que la propia autoridad de San José Chiapa participara en la toma de decisiones.
Sin embargo, a pesar de esto, ya no queda mucho por hacer frente a este entreguismo, pues el proyecto ya está en proceso, las inversiones ya se ejercieron e incluso ya se avanza en la edificación de lo que será la Ciudad Modelo, por lo que “es ocioso” hacer más críticas al respecto.
Lo único que se puede hacer al respecto, dijo Romero Serrano, es aprender de lo que se dio con el caso de Audi, para que en ocasiones futuras si se llegan a dar inversiones similares tanto los ciudadanos como los empresarios tengan mayor vigilancia acerca de las clausulas que firmen para evitar este grado de entreguismos.
Además, recordó que este contrato no sólo contó con el aval de la autoridad de Puebla, sino que también el gobierno federal -encabezado en ese entonces por Felipe Calderón Hinojosa- dio el visto bueno, por lo que no hay mucho margen de acción para luchar en contra de estas determinaciones.
