Por Shanik David
El caso de Chalchihuapan es una “braza ardiendo” en las manos del gobernador Rafael Moreno Valle, quien por sus aspiraciones y los tiempos políticos busca a toda costa que el tema se olvide, comentó Carlos Figueroa Ibarra, secretario de Derechos Humanos de la dirigencia nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional.
El también académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sentenció que el tema de la represión que vivió el pueblo de Chalchihuapan es para Moreno Valle lo que para Mario Marín fue el caso de Lydia Cacho o para Ulises Ruiz el levantamiento de la APPO en Oaxaca, por lo que busca que el asunto se olvide para no formar parte de la lista de los gobernadores “impresentables”.
Para esto, se han implementado estrategias mediáticas para hacer que se olvide el tema, como fue el anuncio de las sentencias emitidas en contra de los policías que participaron en el operativo del 9 de julio de 2014 que derivó en la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
“Los gobierno represores en Puebla, en México, en Argentina, en Guatemala, en los lugares donde se han cometido violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, lo que buscan es imponer el olvido y la resistencia a eso es la lucha por la memoria”, señaló al destacar que por eso es importante que desde la sociedad civil no se permita que se borre el tema de Chalchihuapan.
Comentó que en esa intensión que hacer que se dé la vuelta a la página, Moreno Valle insiste en que Elia Tamayo Montes acepte el millón 500 mil pesos que se le han ofrecido como indemnización por la muerte de su hijo, esto como parte del cumplimiento de las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sin embargo, dada la postura de dignidad que ha tomado ella, no se ve posible que esto se concrete.
Además de la necesidad de olvidar el tema, en los últimos días ha quedado en evidencia el uso discrecional de las instancias de justicia y el doble estándar que emplean las autoridades para el seguimiento de los delitos.
Esto pues los autores materiales de la muerte de José Luis recibieron sentencias “complacientes” que les permitirán conmutar su sentencia con un pago económico, mientras que hay casos como el del presidente auxiliar de Chalchihuapan o los presos políticos de Felipe Ángeles quienes siguen encarcelados a pesar de tener pruebas que los defienden.
“Esta es la situación que observamos en Puebla, la justicia es una injusticia que se aplica discrecionalmente de acuerdo a quiénes son los amigos y quiénes los adversarios del gobierno”, lamentó.
