Por Shanik David
La represión que vivió el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan hace dos años al manifestarse en contra del retiro del registro civil sentó las bases de la actuación del gobierno para acallar las voces de quienes disientan en su contra, denunió Roxana Luna Porquillo.
La exdiputada federal, quien ha sido una de las defensoras de dicha comunidad desde los hechos del 9 de julio de 2014, señaló que no se debe hacer normal que cuando “un gobernador por el hecho de estar enojado dé indicaciones de disparar”, por lo que es necesario tener presente lo que vivió el pueblo de Chalchihuapan para evitar que esto se repite.
Sin embargo, aunque han pasado dos años desde los hechos que derivaron en la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, no hay nadie sancionado por este caso, pues el único que está encarcelado es el edil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, mientras que del lado de la autoridad hay una impunidad total.
Y si bien el pasado viernes el gobierno del estado dio a conocer que se emitieron sentencias en contra de seis policías que participaron en el operativo, Luna Porquillo calificó esto sólo como una respuesta mediática, pues “eso no resuelve el asunto, no hay sanción que pueda resarcir el daño o que pueda garantizar que haya una responsabilidad directa”.
Esto, continuó, pues además siguen vigentes algunas de las leyes que motivaron el caso de Chalchihuapan como fue la reforma a la Ley Orgánica Municipal que quitó facultades a las juntas auxiliares, pues aunque durante la campaña electoral el gobierno hizo una modificación a la misma esto sólo fue una respuesta parcial que no resolvió la problemática; además sigue sin derogarse la Ley Bala que fue la que permitió que se usaran armas en contra de los pobladores que se manifestaron.
Todo esto, dijo, dejó secuelas en la población, la cual todavía tiene miedo por los operativos que se ejercieron en su contra, además por la campaña que emprendió el gobierno del estado para mentir de manera reiterada a los ciudadanos para justificar los hechos de ese 9 de julio, pasando desde la versión de que había sido un grupo externo el que había disparado los cohetones, hasta la teoría de las piedras de alto calibre para crimininalizar a los habitantes.
“Eso es parte de la justicia que se vive en Puebla, no se nos debe olvidar y no debe volverse normal”, insistió la también excandidata a la gubernatura.
