Por Shanik David
El anuncio que hizo el gobierno del estado en relación a que ya se cumplía con cerca del 50 por ciento de las recomendaciones que emitió la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres representa una percepción errónea, según refirió Manuel Galván Castañeda, presidente del Instituto Mexicano de Psicología Jurídica.
Esto, explicó, pues lo que ha hecho el gobierno es principalmente el impulso de reformas a diversas disposiciones legales, cuestión que representa una “visión legaloide” para estudiar el tema, además de insuficiente, pues las leyes regulan la actuación de la sociedad pero no acaban de fondo con los problemas que hay.
Si bien el aumento de las penas podría servir para inhibir las actitudes negativas hacia las mujeres, pensar que con esto se van a terminar las muertes de poblanas es “una postura muy inocente”, comentó el abogado, quien además fue de las primeras organizaciones que presentaron la petición a la Conavim para que se hiciera el análisis de la violencia de género en Puebla.
Por esta razón,destacó que la recomendación más importante que se incluye en el documento que presentó la semana pasada el equipo de trabajo de la Conavim consiste en la necesidad de la creación de un diagnóstico sobre la situación en la que se desarrollan los feminicidios y los casos de violencia de género en el estado, pues esto ayudaría a tener un mapeo de los factores sociales, culturales, económicos y educativos que llevan a que se maten a mujeres en Puebla y el incremento que se ha registrado en las últimas fechas.
Este estudio, que si el gobierno asegura ya tener avances en los cumplimientos de las recomendaciones ya debería estar en proceso, serviría como base para el desarrollo de estrategias y campañas para combatir la violencia de género desde la raíz.
Sin embargo, Galván Castañeda fue enfático al decir que independientemente de las medidas que tome el gobierno debe existir una “alerta de género social”, esto es que la sociedad tome conciencia de la problemática que se vive y en vez de esperarse a que las autoridades lancen campañas o los programas que se planeen tiene que haber un movimiento desde las organizaciones sociales para combatir este problema.
