Por Shanik David
Representantes de la Comisión de los Trabajadores en Digna Resistencia del gobierno estatal acudieron al Congreso del Estado para pedir a los legisladores que intervengan por los más de 14 mil trabajadores afectados por los despidos masivos aplicados durante la actual administración estatal, pues esta situación no sólo genera afectaciones para estas familias sino a los poblanos en general por el pago de las indemnizaciones que se generen.
Marco Antonio Manzano, representante de la agrupación, comentó que fue el lunes cuando se presentó el oficio por medio del cual se le solicita a los diputados de todas las bancadas que atiendan esta situación, por medio de la creación de una comisión especial así como la apertura de mesas de diálogo para llegar a acuerdos con el gobierno del estado.
Esto pues recordó que si bien el 15 de enero, posterior al informe de Rafael Moreno Valle, tuvieron una reunión con Diódoro Carrasco Altamirano para discutir el asunto, el secretario General de Gobierno los direccionó con Arturo Cornejo, subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, con quien tuvieron dos encuentros más y le entregaron la información y documentos que les había pedido para atender su situación sin que hubiera una respuesta formal.
Señaló que los diputados, al ser representantes populares, tienen la obligación de atender a los ciudadanos, además de que al tener la facultad de aprobar el presupuesto del gobierno del estado por sus manos pasará el tema cuando se resuelvan los juicios que se han presentado en contra de los despidos injustificados, pues tendrán que avalar los pagos que hará el ejecutivo estatal por concepto de indeminizaciones, tema que por los tiempos será heredado a la siguiente administración.
“Los juicios laborales representan un costo financiero muy alto para el gobierno del estado en el pago de salarios caídos, prestaciones y la consecuente reinstalación será algo que se heredará al próximo gobernador electo, que pagaremos todos los poblanos a través de nuestros impuestos (sic)” se indica en el documento que fue presentado ante el legislativo estatal.
Además, se recuerda que el argumento que esgrimió la autoridad estatal para los despidos masivos del año pasado fue la “insuficiencia presupuestal”, la cual no es contemplada como una razón legítima para la baja de personal de acuerdo con la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.
El documento fue recibido tanto por los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, de Gobernación y Puntos Constitucionales y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, quienes de acuerdo con el reglamento del legislativo tienen un plazo de hasta 10 días hábiles para dar respuesta a la petición de los ciudadanos.
De no hacerlo, Manzano refirió que se emprenderán campañas para denunciar la pasividad de los diputados y el incumplimiento de sus obligaciones como representantes populares.
