Por Shanik David
En lo que va de este año se han ganado alrededor de 25 recursos de amparo en contra de los cobros excesivos y abusos cometidos por la empresa Concesiones Integrales hacia los usuarios del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, mientras que otros 30 se encuentren en proceso, informó Omar Jiménez, abogado de la Asamblea Social del Agua.
Adicionalmente, comentó el abogado, se tienen otras 70 solicitudes de ciudadanos que se han acercado a la agrupación para recibir apoyo legal para impugnar las tarifas infladas que les cobra la empresa concesionaria del servicio de agua potable en la capital.
Recordó que con la concesión que firmó el gobierno del estado con la empresa Concesiones Integrales se le dio carta abierta para cometer abusos contra los usuarios, pues se le dio control sobre todo el servicio, lo que ha derivado en que las tarifas se hayan aumentado en un 400 por ciento.
Sin embargo, no existen argumentos que sustenten legalmente las medidas implementadas por las autoridades, lo cual se ve reflejado con los recursos que se han ganado ante los tribunales.
Entre los casos que se han ganado recientemente, Jiménez describió el de un usuario a quien se le notificó un adeudo de 24 mil pesos pero cuando se pidió a la empresa acceso al estado de cuenta para revisar el por qué del cobro esto fue negado por lo que se recurrió al amparo; al final, después del proceso legal el cobro quedó en sólo 366 pesos.
“Con eso se demuestra que con la privatización se le dio la facultan a concesiones integrales de hacer y deshacer”, criticó el activista, al recordar que desde la ASA se mantiene un movimiento de resistencia civil ante los abusos cometidos por la empresa.
Uno de los casos que se encuentran en proceso en los tribunales es el del señor Francisco Salvador Balbuena González quien no sólo ha sido objeto de los cobros excesivos sino también de los abusos burocráticos de la empresa.
El ciudadano narró que hace un año aproximadamente acudió a las oficinas de Concesiones Integrales para pedir una carta de no adeudo para regularizar una casa que le dejaron en herencia sus padres, sin embargo una de las trabajadoras de la empresa le notificó que debería pagar 27 mil pesos para poder recibir el oficio en cuestión, y que sería el único pago que tendría que hacer al respecto.
Una semana después regresó a las oficinas, saldó el cobro que se le había requerido pero se le negó la carta ya que al tener cuartos en la residencia en cuestión debía pagar una tarifa adicional.
Posterior a esto además su tarifa se incrementó, pues de pagar dos mil 100 pesos anuales la tarifa aumentó a ocho mil pesos, con el argumento de que había locales comerciales en el inmueble en cuestión, a pesar de que éstos se encuentran desocupados desde hace varios años.
