Por Shanik David
Para 2016, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla etiquetó 32 millones 961 mil 657 pesos para Promoción, Divulgación y Comunicación Institucional, es decir para la publicidad oficial de la casa de estudios y el rector Alfonso Esparza Ortiz, esto de acuerdo con el reporte de gastos de comunicación social publicado en el portal de transparencia de la Buap, siendo éste el dato más reciente del presupuesto destinado para este fin.
Si bien dentro de los proyectos de presupuestos de la universidad se debería desglosar el monto destinado para este rubro, en los documentos correspondientes a 2015 y 2014 no se presenta esta aportación, mientras que en el de 2013 se registró exactamente la misma cifra reportada para este año.
Es más, destaca que se dio un incremento considerable en el gasto destinado a la publicidad, pues en 2012 se habían etiquetado 26 millones 280 mil pesos, cifra que aumentó seis millones en tan sólo un año.
Además, la opacidad en el presupuesto pactado para la publicidad y el aumento en la misma coincide con la llegada de Esparza Ortiz a la rectoría.
Si bien se han hecho esfuerzos para lograr tener reportes oficiales al respecto, tuvieron que pasar de 10 meses y dos respuestas negativas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para que se hagan públicos los listados y pagos a proveedores de los servicios de difusión y promoción.
El tema tuvo que llegar al pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública para que se le ordenara a la universidad a dar la información solicitada, pues las respuestas proporcionadas habían sido incompletas.
Fue en agosto del año pasado cuando se presentó la primera solicitud de información a la Buap, en la cual se pedían los montos destinados a convenios o pautas publicitarias de los años 2011 a 2015, así como un listado de los medios de comunicación con quienes se habían firmado estos contratos.
Sin embargo, la respuesta proporcionada a esta solicitud consistía en que “la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no establece convenios o pautas de publicidad con medios de comunicación, dado que la relación con ellos es únicamente para garantizar la difusión de las actividades sustantivas de la Institución, docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura”.
Ante esta primera negativa fue hasta enero de este año cuando se volvió a insistir en el tema, ahora usando las propias palabras de la casa de estudios, pues se requirió “el presupuesto destinado para la difusión de actividades sustantivas de la institución, docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015”, así como el desglose anual por proveedor y monto pagado.
La respuesta a esta segunda solicitud fue igual de ambigua que la anterior, pues se proporcionaron las versiones digitales de los proyectos de presupuesto de cada uno de los años solicitados, para que ahí se buscara el dato correspondiente a Promoción, Divulgación y Comunicación Institucional; adicionalmente se dio la liga del padrón de proveedores para que se buscaran ahí los medios de comunicación.
Por esta razón se recurrió a la CAIP para que se analizara el caso, pues no se había dado la información solicitada, correspondiéndole a la comisionada Gabriela Sierra Palacios llevar el caso.
Después de cuatro meses, una inspección de parte de la comisionada en las oficinas de la unidad de acceso de la Buap y una ampliación de información de parte de la universidad en la cual sólo se “reiteró” que los datos se encontraban en los documentos proporcionados, el tema llegó al pleno de la comisión.
Al presentar el expediente, Sierra Palacios confirmó que la universidad no había respondido de manera correcta pues aunque se daban los montos generales, no se proporcionaba el desglose por medio ni tampoco se justificaba o se daba una razón concreta para no dar esta información.
Destacó que todos los sujetos obligados deben documentar las adquisiciones, arrendamientos o servicios que contraten, es decir los pagos a los proveedores deben estar archivados en facturas o recibos y se deben dar a conocer los montos.
El tema fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual se obliga a que en el transcurso de las próximas semanas se entregue la información a la solicitante detallando los proveedores del servicio de difusión, es decir medios de comunicación, y los montos que se les han pagado desde 2011 a 2015.
