Por Shanik David
La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional presentó una nueva denuncia por las condiciones de inequidad que se viven en la actual contienda electoral, ahora en contra de autoridades municipales.
El alcalde Luis Banck Serrato, Oscar Santizo Méndez, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y Paulo César Quiroz Martínez, director de la Policía Municipal, son señalados en la denuncia que presentó el PRI ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el uso de recursos públicos -en este caso la corporación policíaca- para hacer una “cacería de la propaganda del partido”.
Así lo señaló el presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, Jorge Estefan Chidiac Charbel, al detallar que esta situación pone a la candidata del partido en una condición de inequidad frente a los demás contendientes pues se está negando su derecho de distribuir propaganda aunque ésta cumpla con los requisitos que marca la ley.
Por esta razón destacó que se trata de un caso de abuso de autoridad que evidencia además que el fiscal general del estado, Víctor Carrancá Bourget, trabaja para la campaña de Antonio Gali Fayad y por eso se ha dado este “robo” de la propaganda de la candidata priísta.
A esto se sumó el representante legal del partido, Mario Conde, quien explicó que la denuncia presentada está sustentada en el artículo 11 de la Ley General de Delitos Electorales, pues se está haciendo un uso directo de bienes públicos para afectar a un partido o candidato en pleno proceso electoral.
Narró además que desde al Fiscalía General del Estado se están ejecutando medidas dilatorias para retrasar la entrega de la propaganda, pues aunque la detención del camión se dio el pasado martes por la noche, se citó a los dueños del camión en el que era trasladada hasta el próximo miércoles para acreditar la propiedad de la misma.
Además, contó que las autoridades ahora cambiaron la versión, pues aunque en un principio se justificó la detención del trailer bajo el argumento de que éste tenía reporte de robo, ahora se argumenta que fue porque la propaganda era ilegal -a pesar de que cumple con los lineamientos establecidos por el Instituto Estatal Electoral y se han presentado las facturas de la compra de la misma-.
