Por Shanik David
Fue hasta este lunes, a 10 días de que se venza el plazo marcado para la homologación de la Ley de Transparencia con el marco federal, que los integrantes de la Comisión de Transparencia citaron a diferentes actores para discutir la iniciativa que deberá aprobarse en el transcurso de los próximos días.
Como parte de la reunión se convocó a los integrantes del Nodo de Transparencia y del Capitulo Puebla de la Asociación Mexicana para el Derecho a la Información (Amedi), aunque llamó la atención que en vez de hacer un encuentro con todas las organizaciones fueron reuniones privadas con cada grupo interesado en el asunto.
Previo a la reunión, Rafael Hernández García Cano, presidente de la Amedi, denunció el proceso opaco con el cual se está llevando a cabo esta reforma, pues, por ejemplo, en caso de las asociaciones civiles la Comisión de Transparencia tardó cinco meses en convocarlos para una discusión abierta del tema.
Señaló que incluso hace un mes habían sostenido una reunión informal con el presidente de la comisión, Marco Antonio Rodríguez Acosta, y que ahí se le recomendó abrir el debate o incluso generar un micrositio en el portal del Congreso para publicar de manera periódica los avances en la discusión así como los documentos que se generaran, como una forma de socializar el debate, recomendaciones que fueron ignoradas.
Además, acusó que la reciente declaración del gobernador Rafael Moreno Valle en relación a que el Ejecutivo presentará una iniciativa para la homologación de la Ley de Transparencia confirma un pronóstico que se tenía desde que se presentó la propuesta de Rodríguez Acosta.
Recordó que la iniciativa del legislador del Partido Social de Integración presentaba graves deficiencias y estaba en general mal hecha, lo cual generó la percepción de que lo que se buscaba era esperar los tiempos electorales propicios -se está empezando la cuarta semana de la campaña-, para presentar un documento alterno trabajado por el gobierno estatal y argumentar que éste se dio en respuesta a las críticas generadas por las organizaciones sociales, escenario que se ha cumplido casi a la perfección.
Por esta razón, refirió que el proceso de la reforma en transparencia es una mera simulación, pues no hay un verdadero trabajo de parte de los diputados.
En lo que respecta al riesgo de que, al ser una propuesta hecha directamente por el gobierno del estado se incluyan candados en la nueva ley, refirió que la semana pasada Ximena Puente de la Mora, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sentenció que en los estados en los que no se logre la homologación o que las leyes presenten deficiencias a partir del 5 de mayo se aplicará la Ley General en la materia.
Es decir, aunque se busque ocultar información relativa al gasto público, fideicomisos y demás con la ley estatal, por orden de la instancia federal se aplicarán los criterios de máxima publicidad de la ley general.
“Sería muy vergonzoso que llegado el momento el INAI tenga que corregirle la plana al Congreso y a la Comisión para el Acceso a la Información Pública”, agregó Hernández García Cano.
