Por Shanik David
Un plazo de 70 días tendrá el Congreso del Estado para el análisis y dictaminación de la reforma de la Ley de Transparencia del Estado para su homologación con el marco federal, modificación que tiene que quedar lista para el 5 de mayo.
Esto pues fue hasta este martes, al término del período ordinario de sesiones cuando se presentó la iniciativa la cual, según aseguró el diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta, no se había existía en el Congreso hasta ahora.
La postura del representante del Partido Social de Integración llama la atención pues tan sólo a mediados de febrero, durante la Gira por la Transparencia, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, había asegurado que ya se tenía un documento el cual estaba siendo trabajado de manera coordinada al interior de la Comisión de Transparencia.
Sin embargo, el legislador, quien a penas hace dos semanas se reintegró al legislativo local, presentó la propuesta a titulo personal y dijo que “con esto empieza la discusión del tema”.
Esta contradicción genera incertidumbre sobre el posible alcance de la reforma y el mes y medio que se tiene será suficiente para su análisis.
Si bien ha habido organizaciones de especialistas en la materia quienes han solicitado desde noviembre pasado ser tomados en cuenta para el análisis de la reforma no han tenido una respuesta de parte del Congreso, e incluso se convocaron a otras asociaciones para participar en la elaboración de la iniciativa.
De manera puntual Rodríguez Acosta refirió que la estructuración de la iniciativa se dio con el apoyo de Parlamento Ciudadano de México Capítulo Puebla, el Instituto Internacional del Derecho y del Estado y Convicción Mexicana por la Democracia, agrupaciones que no tienen un enfoque especializado en el tema de la transparencia.
El diputado insistió que si se abrirá la puerta a las asociaciones que lo consideren necesario para participar en el estudio de la reforma, aunque no hizo comentario de qué manera podría darse este acercamiento con las agrupaciones civiles.
Sobre la reforma en sí, detalló que contempla puntos que se establecen desde la legislación federal, como el que Puebla se integre a la Sistema Nacional de Transparencia, darle mayores facultades de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y aumentar los sujetos obligados.
Aunque se prevé que ahora con el nuevo marco legal los fideicomisos sean sujetos obligados de rendir cuentas, el diputado dejó entrever un posible candado, pues dijo que se pondrá a discusión si la ley podría ser retroactiva y aplicarse a fideicomisos ya existentes.
