Por Shanik David
Con el inminente inicio del proceso electoral, el gobierno del estado inició una serie de medidas para corregir acciones que en el pasado causaron un gran molestar y que podrían tener un alto costo político para el candidato oficial, José Antonio Gali Fayad.
Ahora, el gobierno del estado pretende revertir uno de los conflictos sociales, que la propia autoridad originó desde mediados de 2014, con una iniciativa que busca regresar a las juntas auxiliares la facultad de operar el registro civil.
Esta determinación se suma a otras medidas implementadas en las últimas semanas, tal como la entrada en operación de más unidades alimentadoras de la Red Urbana de Transporte Artículado en el sur de la ciudad y el esquema de borrón y cuenta nueva para los usuarios deudores del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado.
Si bien estas dos acciones revertían inconformidades sociales derivadas de políticas estatales, sólo tenían una injerencia directa en la capital del estado; sin embargo, con la reforma para el registro civil los efectos llegarán a todo el estado.
La iniciativa en cuestión se presentó como parte de los asuntos generales de la sesión del pleno del Congreso del Estado, la antepenúltima antes de que termine el período ordinario de sesiones, por lo que era la última oportunidad de que esta reforma se pudiera avalar en el pleno antes de la jornada electoral del 5 de junio.
Destaca que la idea de regresar la facultad del registro civil a las juntas auxiliares no es original en el Congreso del estado, pues fue el 2 de diciembre pasado cuando el diputado priísta, Francisco Jiménez Huerta, presentó una iniciativa similar para resarcir esta situación en las demarcaciones más necesitadas del estado; pero a tres meses su propuesta sigue en la congeladora, mientras que la que envió el ejecutivo podría tener un trato preferencial y resolverse antes del próximo 15 de marzo.
La iniciativa
La reforma presentada ante el Congreso del Estado, firmada por el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, implica reformas a cuatro leyes y códigos en el estado de Puebla.
En primer lugar, se modifica el Código Civil del Estado, de manera que se faculta a la SGG para “auxiliarse con la autoridad municipal correspondiente” para la prestación del servicio de registro civil.
También se hacen ajustes a la Ley Orgánica Municipal, de manera que se faculta a los presidentes municipales para coadyuvar en labores de registro civil; una obligación similar se establece para los presidentes auxiliares, a quienes además se les impone una responsabilidad penal y administrativa “ por las faltas en las que incurran en la prestación de este servicio”.
Otros ajustes que se buscan ejecutar son al Código Penal y al de Procedimientos en Materia de Defensa Social, para penalizar la falsificación de documentos por parte de los responsables del registro civil así como otras acciones anómalas por la prestación de este servicio.
Esta última modificación responde a la justificación original que dieron las autoridades hace más de año y medio para hacer esta reforma, pues se había argumentado que los presidentes auxiliares incurrían en acciones ilícitas y en la modificación irregular de documentos, por lo que era necesario quitarles esta facultad para poder tener un control sobre este asunto.
