Por Shanik David
A menos de tres meses de que se venza el plazo para que el Congreso del estado realice las modificaciones a la Ley de Transparencia para armonizarla con la norma federal la pasividad que mantienen los legisladores en cuanto a este tema y la insistente cerrazón para no abrir el debate de esta reforma orilló a organizaciones sociales a recurrir a instancias judiciales.
Fue el pasado viernes 12 de febrero cuando el Juzgado Tercero en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo admitió el recurso de amparo registrado con el número de expediente 210/2016, presentado por los representantes legales del Nodo de Transparencia.
El punto central del recurso, recordó Rafael Hernández García Cano, es el hecho de que el 19 de noviembre -hace exactamente tres meses- el Nodo y otras organizaciones especializadas en temas de transparencia presentaron un oficio al legislativo en el cual pedían que se iniciara el análisis de esta reforma y que ésta se hiciera con apertura a los ciudadanos; sin embargo, hasta la fecha no han recibido notificación alguna siquiera del trámite que se le haya dado al documento.
Por este motivo, y ante la cercanía de la fecha para que se concluya la reforma fue que decidieron recurrir a los juzgados federales, pues de esta manera el Congreso está obligado a dar algún tipo de respuesta.
Dado que el expediente fue aceptado el 12 de febrero, se le dio un plazo de 10 días al Congreso para emitir un informe sobre la situación de la iniciativa y la razón por la cual no han atendido a los ciudadanos que presentaron la solicitud -ya que el agravio que argumentan es la violación al derecho de petición que se establece en el artículo 8 de la Constitución Política-; en caso de no responder a las organizaciones o de no emitir el informe, comenzará a correr el juicio de manera normal.
Además de la petición del arranque y apertura de este análisis, las organizaciones habían presentado un listado de puntos que se podrían incluir en la reforma, algunos ya contemplados por la Ley General como es el hecho de incluir a fideicomisos, sindicatos y entidades que reciban recursos públicos como sujetos obligados para rendir cuentas, y otros que se han pedido por años en el estado como es la eliminación del requisito de ratificación de los recursos que se presentan ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública.
