Por Shanik David
Una red de narcotráfico, tráfico de influencias y corrupción persiste al interior de la cárcel de San Miguel, la cual opera no sólo con el respaldo de las autoridades, sino que ellas mismas forman parte de esta.
Desde el pasado 4 de enero, Alejo Coatl Carmen, quien se identifica como Supervisor en el Centro de Reinserción Social con clave YH-12, entregó a la Fiscalía General del Estado un oficio por medio del cual presenta una denuncia formal por los delitos de extorsión, amenazas, robo, encubrimiento, delincuencia organizada, asociación delictuosa y delitos contra la salud en la calidad de fomento al narcotráfico, de los cuales, asegura, él ha sido víctima.
Por si los delitos fueran graves, los señalados evidencian el grado de infiltración de las redes delictivas. En primer lugar señala al gobernador Rafael Moreno Valle y al secretario de Seguridad Pública Jesús Rodríguez Almeida; después enlista a diferntes funcionarios del sistema penitenciario, destacando el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, Alejandro Cruz Maya, y el Director del Cereso de Puebla, Rafael Carvajal Paz, así como colaboradores de éste al interior del penal de San Miguel.
En el oficio, del cual se tiene copia digital y que presenta fecha de recepción ante la Fiscalía del 9 de enero se hace una descripción puntual de la situación del penal de San Miguel, la cual se volvió “hostil” desde que a su llegada Rodríguez Almeida ratificó a Carvajal Paz como director del penal, y designó además a Orlando Velázquez Rojas y Fausto González Méndez como subdirector del penal y jefe general de seguridad, respectivamente.
Una de las situaciones más graves que se describen en el escrito es la existencia y solapamiento de una red de narcotráfico al interior de la cárcel, la cual es operada en términos de ingreso y distribución “ por grupos como ‘los Michoacanos’ y ‘los Zetas’” quienes son los responsables de la venta de marihuana, cocaína, heroína y cristal.
Los acuerdos para esta distribución son tomados directamente por Carvajal Paz y su equipo, quienes incluso tienen dadas indicaciones a los custodios y demás trabajadores del penal que deben obedecer e todo momento lo que ordenen los distribuidores de la droga, quitándoles del camino a otros reos que pudieran vender droga para mantener el monopolio.
Sin embargo, la participación de la autoridad carcelaria no llega ahí, pues en ocasiones a los propios custodios y supervisores se les ordena recoger la mercancía, la cual llega en una camioneta color azul sin placas que llega en días diversos a las inmediaciones de la cárcel, describe Coatl Carmen en la denuncia penal.
Quienes se resisten o buscan denunciar son trasladados a otros penales, además de que Carvajal Paz y su gente aseguran tener el respaldo de altos mandos del gobierno estatal, continúa la denuncia.
“Somos víctimas de una constante intimidación de estas personas que dicen que tienen todo el apoyo de los Señores Alejandro Cruz Maya, Jesús Rodríguez Almeida e incluso del gobernador del Estado Rafael Moreno-Valle Rosas, y dicen que ellos están aportando mucho dinero para la campaña política para que éste último sea presidente de la república y que por eso tienen concesionado el penal para que hagan dinero, pues en el último año que queda se van a llevar hasta el último centavo”, refiere la carta.
Y es que por si el tema del narcotráfico no fuera suficiente, Carvajal Paz ha impuesto un sistema de cobro de cuotas, que si bien ya se había denunciado en ocasiones anteriores que existía un sistema de cobro hacia los internos, el mecanismo implementado por el director es directo para los propios trabajadores del penal.
Coatl Carmen indica que no existe un lugar en la cárcel en el que se pueda trabajar sin pagar, por ejemplo para que se les asigne a dormitorios deben pagar cuotas que van de mil a tres mil pesos, mientras que a otras áreas la tarifa no supera los dos mil pesos.
Sabiendo que podría haber una negativa de los trabajadores de pagar, la opción de los jefes es que se le saque el dinero a los propios internos, con tarifas que van desde 10 a 30 pesos por el pase de lista, 500 pesos por consumo de bebidas alcohólicas (más 500 por el ingreso de las mismas), dos mil pesos semanales por tener un teléfono celular (adicionales a 10 mil que se cobran para poder ingresar el equipo), y hasta tres mil pesos por participar en una riña sin ser sancionados.
Además, se ha implementado un sistema de monopolios en los giros comerciales que existen al interior del penal, los cuales antes eran operados por diferentes reos, pero desde septiembre se han aplicado acciones para que estas tiendas en las que se distribuyen productos básicos, hasta artículos de ferretería, tlapalería y en ocasiones hasta bebidas alcohólicas, queden en manos de dos reos: Arturo Romero Aparicio “el Cachibombo” y Julio César Reyes Martínez.
Al igual que con los custodios, el interno que se niegue a ceder los derechos de su comercio a estos dos personajes es golpeado salvajemente por el propio Carvajal Paz o su gente, o incluso es trasladado a otro penal, habiendo casos en los que son llevados al de Tepexi de Rodríguez o Ciudad Serdán.
Hay que destacar que aunque la denuncia lleva más de un mes en manos de la autoridad ministerial, hasta la fecha no se tiene reporte de que se hayan implementado acciones en contra de los señalados, o que se busque corregir la situación en el penal.
