Por Shanik David
Por medio de los contratos de Proyectos de Prestación de Servicios y Proyectos de Inversión firmados en lo que va del presente sexenio, el gobierno del estado ha comprometido alrededor de mil 250 millones de pesos anuales que tienen que ser destinados únicamente a estos compromisos fiscales.
Esta cifra es 15 veces mayor al pago anual aproximado a la deuda pública directa, a la cual en 2015, por ejemplo, se le abonaron 81 millones de pesos.
Lo anterior se desprende de documentos publicados en el portal de transparencia de la administración estatal, como es el caso de los anexos de la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, en el cual se etiquetan 180 millones 465 mil pesos para el pago anual del PPS del Centro Integral de Servicios, monto que se ha mantenido desde 2013 casi de manera constante.
En cambio, a partir de 2015 en las leyes de ingresos se reportan pagos para los contratos de Proyectos de Inversión, y aunque no se detalla cuáles son estos, las autoridades han aclarado que el único convenio que se ha firmado bajo este esquema es el de la Plataforma de Audi, para el cual el año pasado se etiquetaron 736 millones 732 mil pesos, y para este ejercicio fiscal 753 millones 748 mil pesos.
De este modo, al inicio de este año, se tenían apartados 921 millones de pesos para los pagos mensuales de estos dos contratos, sin contar el PPS del Museo Internacional del Barroco, el cual, según comentó hace unos días Roberto Moya Clemente, titular de la Oficina del Ejecutivo y exsecretario de Finanzas y Administración, se empezará a pagar una vez que el recinto entre en operación.
El funcionario estatal explicó que el pago del Museo se tiene tasado en 26 millones de pesos mensuales por un plazo de 23 años y tres meses, es decir al año se abonarán 312 millones de pesos para el pago de este inmueble el cual, mientras tanto, seguirá siendo propiedad de Constructora Higa, el cual podrá explotar el mismo durante estos años.
En la rueda de prensa que dio Moya Clemente la semana pasada para responder los señalamientos hechos por el tema del fideicomiso con Evercore, el cual sirve como garantía para asegurar estos pagos mensuales, comentó además que por el CIS se pagan 15 millones de pesos mensuales por un plazo de 25 años, y por la plataforma de San José Chiapa 60 millones mensuales por 15 años.
En total, estos tres contratos equivalen un monto de nueve mil 299.6 millones de pesos, los cuales son referidos en la última evaluación de Fitch Ratings como “pasivos diferidos a largo plazo”.
Tomando en consideración este monto, y el corte de la deuda pública estatal al cierre de 2015 que ascendía a cinco mil 616 millones de pesos, se determina que, a la fecha el gobierno del estado debe, a diferentes instancias, 14 mil 915 millones de pesos, aproximadamente.