Por Shanik David
En los cinco años de la administración de Rafael Moreno Valle el tema de la transparencia se mantiene como uno de los grandes pendientes, además de ser una de las promesas de campaña que no se han cumplido en este tiempo.
Esto se indica en el informe ciudadano “Política de Transparencia y Cumplimiento del Derecho de Acceso a Información Pública en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas”, elaborado por el Nodo de Transparencia, en el cual se hace una comparación de los prometido por Moreno Valle en su campaña y lo que se ha hecho durante el sexenio.
Uno de los puntos en los que se ha tenido un avance es en lo relacionado con la Ley de Transparencia del estado, pues si bien previo al inicio de la gestión actual la norma vigente presentaba deficiencias, fue durante el primer año de gobierno que el Congreso del estado logró hacer modificaciones a la ley.
Sin embargo, se indica en el documento, éstas reformas no cumplieron con lo requerido, e incluso los diputados de la LVIII Legislatura se negaron a hacer ajustes para mejorar la Ley.
En particular, activistas han solicitado por años que se elimine el requisito de ratificar los recursos de revisión que se presentan ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública, pues esto ha ocasionado que muchas inconformidades de los ciudadanos no sean analizadas en el órgano garante.
Además, se sugirió que se incluyera en la ley la prueba de daño -es decir que las entidades de gobierno presentaran pruebas para justificar la clasificación o reserva de determinada información-, y la prueba de interés público -la cual justifica que se haga pública información restringida-.
Otro de los puntos que se señalan en el informe es la implementación de una política estatal en contra de la transparencia, esto es, que desde las dependencias de gobierno se han tomado medidas administrativas para evitar el acceso a la información.
Un caso es la emisión de acuerdos de clasificación de información demasiado generales y sin que haya una justificación real de fondo para bloquear el acceso a dichos documentos; en total, de 2012 a la fecha, el Nodo de Transparencia ha contabilizado 98 acuerdos de clasificación.
También se ha dado una acción sistemática en el gobierno estatal de cambiar la modalidad de entrega de la información que es solicitada por los canales de transparencia, es decir que aunque el ciudadano pida determinada información por un medio electrónico, esta se le pone a disposición en las oficinas de las dependencias, estrategia que busca cansar al solicitante y que desista en su petición.
El cambio de modalidad de entrega es una de las razones principales por las cuales los ciudadanos se inconforman ante la CAIP, e incluso se ha dado un incremento considerable en el número de recursos por este tipo de situaciones.
Esto pues en el informe se indica que, con base a datos de la propia CAIP, en 2011 sólo el 3.4 por ciento de los recursos de revisión eran por cambio en la forma de entrega de la información; para 2014, ya se había alcanzado el 14 por ciento.
“Es importante mencionar que la CAIP ha sido cómplice silenciosa de esta práctica pues hasta ahora no ha tomado medida alguna, como la faculta la ley de la materia, para revertir esta situación”, se indica en el reporte del Nodo, en el cual demás se acusa que la Comisión se encuentra totalmente bajo el control del gobierno del estado, por lo que ha mantenido una actitud pasiva ante los abusos y omisiones en las que incurren los funcionarios estatales.
Ante este escenario, Lilia Vélez Iglesias, integrante del Nodo, consideró que en la actualidad el tema de la transparencia en el estado se encuentra en peores condiciones que durante el sexenio de Mario Marín Torres.
Esto pues aunque durante la administración priísta se tenía información oculta e incluso una ley deficiente en la materia, no había una estrategia sistemática de las autoridades para el bloqueo de la información, además de que en ese entonces la CAIP no se encontraba tan sumisa ante los intereses del gobernador.
