Por Shanik David
A decir de Jorge Méndez Spindola, representante del colectivo Puebla Libre, sí se cuentan con elementos para echar atrás el nombramiento de Víctor Carrancá Bourget como titular de la Fiscalía General del estado.
El exmilitante del Partido de la Revolución Democrática comentó que se han tenido acercamientos con abogados especializados en derecho constitucional, quienes han referido que si se podría impugnar el nombramiento automático del funcionario estatal.
Esto a pesar de que esta designación se incluyó en la reforma constitucional que crea esta nueva área de impartición de justicia para homologar lo que establece la norma federal similar, que indica que el primer fiscal será el procurador en turno.
Esta situación ha sido cuestionada por organizaciones sociales, grupos políticos y activistas, debido a que se considera como inconstitucional que haya un funcionario que traspase un sexenio -esto pues Carrancá Bourget quedará en el cargo por un período de siete años-.
Ante esto, Puebla Libre ya buscó apoyo de especialistas y se prevé que se interpongan recursos legales y administrativos para evitar su llegada a la fiscalía, aunque Méndez Spíndola evitó referir cuáles serían estas medidas.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a fincar responsabilidades a los diputados que levantaron la mano y que están validando este nombramiento”, refirió, al reiterar que además se buscarán las vías constitucionales o jurídicas en contra del actual procurador.
Esto pues refirió que los poblanos quedan en riesgo al darse continuidad a Carrancá Bourget en las instancias de impartición de justicia, pues él estuvo detrás del encubrimiento de los hechos de Chalchihuapan además que son contante las quejas que se reciben relacionadas con el mal funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia y son numerosos los casos de personas que se encuentran encarceladas por “chicanadas jurídicas”.
Un caso en concreto que mencionó para ejemplificar esta situación fue el asesinato del comisario ejidal de San Lorenzo Amecatla, Rutilio Romero Flores, quien falleció el octubre de 2013 y aunque se pidió de manera personal al procurador que atendiera el caso hasta la fecha el crimen sigue impune.
“Rechazamos y estamos en contra de esta decisión por los riesgos que implica en cuanto a la violación a la ley por parte de quien debería ser el garante de la legalidad y los derechos de los ciudadanos en la entidad”, puntualizó el activista.
